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El problema suscitado por las expresiones de Enrique Bacchetta sobre el “caso Quintana”, trascienden ampliamente a su persona. Hubo y habrá otros presidentes del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) que incurrieron, e incurrirán, en las mismas prácticas que a éste se le reprochan. Y esto no sufrirá alternaciones positivas mientras el Poder Judicial continúe sometido al poder político; uno de los peores flagelos institucionales que no logramos superar en estos 30 años de democracia.
ASUNCIÓN.– La reacción generada por las expresiones de Bacchetta, senador y actual presidente del JEM, muestra cómo la indignación fue subiendo de nivel ante algo que todos sabemos que existe, pero que cada vez menos toleramos, la injerencia de la clase política en la administración de Justicia.
De nada sirven los plagueos, indignaciones y manifestaciones cada vez que el presidente o un miembro del organismo que tiene a su cargo juzgar a jueces, fiscales y defensores públicos, muestran la prepotencia que les da el cargo y abiertamente presionan a quienes luego serán sometidos a su arbitrio, preopinando en cuestiones en las que jamás deberían meterse.
Bacchetta “olvidó” que, además de político de añetete y senador, es presidente del JEM, por eso utilizó su cuenta de Twitter para apoyar a Ulises Quintana, compañero suyo de movimiento, preso en Viñas Cué por posible complicidad en el tráfico de drogas y enriquecimiento ilícito. No contento con darle su apoyo, calificó de “injustas” las investigaciones de la Fiscalía en su contra, sin considerar (o considerándolo muy bien) que esos agentes fiscales podrían en algún momento ser sometidos a su arbitrio como titular del jurado.
Pero el senador añetete no es el primero ni será el último en utilizar el poder que le confiere el JEM para manejar a jueces, fiscales y defensores a su antojo y de acuerdo a su beneficio. Esta ha sido una constante desde inicios de la transición democrática, y mucho del problema –además de la clara voluntad política para separar a la Justicia de la presión política- está en el método que estableció la Constitución para la elección de los miembros del jurado y del Consejo de la Magistratura.
Los integrantes de ambas instituciones son, en su mayoría, políticos; designados por las cámaras del Congreso, el Ejecutivo y el gremio de abogados, todos ellos responden a sectores políticos bien identificados. Y esto es así y seguirá siéndolo hasta tanto una reforma constitucional no dé un golpe de timón lo suficientemente fuerte como para que la ciudadanía se libere de tan terrible flagelo.
