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En diciembre de 2015, Sergio Coscia Nogués, actual procurador general del Estado, fue imputado por producción de documentos no auténticos, imputación que posteriormente se amplió con evasión de impuestos. Es un grave problema ético que alguien con estos antecedentes se convierta ahora en el abogado del Estado paraguayo para defender los bienes públicos.
ASUNCIÓN.- El caso es bien conocido por todos porque tuvo amplia difusión en su momento. A fines del 2015, la fiscala de Delitos Económicos Josefina Aghemo imputó a Coscia, abogado de la empresa Proibérica en el caso de los helicópteros que debían ser adquiridos para la Policía Nacional, y por el que también está imputado Rafael Filizzola, ministro del Interior de esa época.
El monto de la acusación en contra de Coscia es de 2.700 millones de guaraníes. Resulta que el ahora procurador había reconocido su delito de emisión de factura falsa y devolvió 260 millones de guaraníes, por lo que se le aplicó el “criterio de oportunidad”, que implica prácticamente que queda libre de culpa y pena.
Aunque ahora diga que las publicaciones del caso son nada más que persecución de los medios del Grupo Cartes, lo cierto es que él mismo reconoció el delito, y, si bien se salvó de la cárcel, es increíble que sea elegido para un cargo tan delicado y trascendente como la Procuraduría, que es la representación legal del Estado paraguayo y sus bienes, alguien con tan oscuros antecedentes.
Una de las banderas del presidente Mario Abdo Benítez durante las campañas, tanto interna como general, fue la lucha contra la corrupción. Resulta que mientras encabezó la disidencia colorada, y cumpliendo al pie de la letra las indicaciones de los empresarios periodísticos harto conocidos, el ahora presidente encabezó una dura lucha en contra del gobierno de Horacio Cartes, y trató por todos los medios identificarlo como corrupto y protector de corruptos.
Pero cuando llegó el momento de demostrar que sus discursos eran ciertos y que su objetivo era rodearse de personas probas y honestas, como una primera muestra del combate duro a la corrupción, el presidente nombra para la Procuraduría a alguien que tiene antecedentes judiciales que demuestran, por lo menos, su poco respeto a la ética, que debiera ser contundente en la función pública.
