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¿Qué más quieren?

Recibieron 10.000 millones de guaraníes en concepto de “resarcimiento”, se les condonaron intereses por valor de 38.000 millones, fueron beneficiados con la refinanciación de una deuda global de 38.658 millones más a 12 años de plazo, el Banco Nacional de Fomento (BNF) adquirió a pedido de sus organizaciones una cartera morosa de 4.952 millones existente en bancos y financieras y obtuvieron otros 6.492 millones para desarrollar proyectos productivos. En total resultaron beneficiadas casi 12.668 familias campesinas, hace solo un año, las cuales recibieron una ayuda global de 98.102 millones de guaraníes por parte del Estado, es decir de usted, querido lector, y de todos los que diariamente contribuimos con el fisco.

Sin embargo, 12 meses después, la Coordinadora Nacional Intersectorial, capitaneada por los Elvio Benítez, Luis Aguayo y compañía, se instaló nuevamente en Asunción por tiempo indefinido, bajo el supuesto de que “el gobierno no cumplió con lo prometido” y para exigir la condonación de todas las deudas de todos los labriegos, por el concepto que fuere, incluyendo los créditos que obtuvieron para retirar motos o celulares. Un verdadero delirio, que responde a las apetencias personales de los que están al frente del movimiento y a inocultables fines políticos.

Cualquier ciudadano, en el lugar de alguno de los 12.668 beneficiarios directos de estas medidas, estaría más que contento y con sobrados fundamentos. Adujeron que les fue mal en determinados ciclos agrícolas y consiguieron lo que ningún comerciante sueña lograr al ser afectado por el contrabando o por la variación del dólar o por lo que fuere, ni los trabajadores que dependen de ellos al recortárseles las horas laborables y el salario,  o directamente perder sus empleos, por citar algún ejemplo.

Sus organizaciones recibieron una generosa concesión, llamada  “resarcimiento”, a la que ninguna otra accedió en los últimos años. Les eximieron de pagar los intereses, esos que a todos acogota cuando llegan los extractos de las tarjetas de crédito o de cualquier cuenta contraída que se halla en mora, desde la casa y el auto, hasta la cocina o la plancha. Les refinanciaron sus deudas a 12 años de plazo, con los dos primeros de gracia, a una tasa de 6 al 7%, y más de 4.000 labriegos ya recibieron nuevos préstamos del Crédito Agrícola de Habilitación (CAH), que superan los 7.000 millones. ¿A quién no le gustaría ser sujeto de un trato tan preferencial, como el que se les brindó estos compatriotas?

 La insistencia en la “condonación total” es de cumplimiento imposible, además de injusta. Lo primero, porque Hacienda no tiene ahora, ni tendrá en los próximos 50 o 100 años, recursos para satisfacer una demanda de esa naturaleza. Pero en segundo lugar porque, si los tuviera, sería arbitrario e inaceptable que otorgue semejante privilegio a un sector, en detrimento de todos los demás, y de la salud, y de la educación y de las viviendas sociales y de todos los otros “y” que nos podamos imaginar.

Desde el punto de vista social y racional, las demandas de la citada Coordinadora no pueden ser sino rechazadas de plano por el gobierno, aún con las presiones que ejerzan en sentido contrario los pescadores de río revuelto, los políticos oportunistas desesperados por potenciar sus deslucidas campañas electorales y los medios de prensa hegemónicos, que no dudarán en azuzar el conflicto.

Las reivindicaciones sociales, las que se derivan de problemas reales, lógicamente deben ser atendidas por las autoridades, como se viene haciendo en este tema desde hace un año. Y si existieran casos concretos de labriegos que por error no fueron incluidos en las listas de beneficiarios, pues que se los integre y listo. Pero a los que pretenden “resarcimientos” de nunca acabar -a ser administrados por ellos-,  exigen lo absurdo y amenazan con sus garrotes para crear zozobra en la Capital y cosas por el estilo, hay que desenmascararlos ante toda la ciudadanía.

Ni Elvio Benítez, ni Luis Aguayo buscan soluciones, sino instalar una nueva crisis. No son redentores de las causas del campesinado pobre. Son vulgares vividores, que hicieron del pillaje su “modus operandi”.

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