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La cuerda se suelta siempre por el lado más fino, es una frase utilizada muy frecuentemente en nuestro país, acostumbrados como estamos los paraguayos a ver cómo los mandados terminan pagando por los crímenes de los mandantes. Debe ser por eso que en los estamentos militares se creó la figura de la “obediencia debida”, es decir que en una institución tan verticalista, los responsables de la actuación de los que obedecen órdenes son los que las dan.
Pero en la sociedad civil, y mucho más en todo lo que tiene que ver con la administración de Justicia, es tan frecuente ver que todo el peso de la ley cae sobre los actores materiales y se guarecen en la impunidad los autores intelectuales de los crímenes de cualquier tipo.
Para no ir demasiado lejos en la historia, recordemos nomás el caso de los planilleros de la Justicia Electoral. A pesar de la contundencia de las pruebas en contra de uno de los miembros del TSJE, éste terminó sobreseído y sus esbirros, imputados.
Esto no puede seguir ocurriendo y, definitivamente, no puede ocurrir en el caso de los desmanes ocurridos el viernes 31 en las plazas frente al Congreso. La permanente provocación de los operadores políticos que fueron llevados al lugar solamente para generar violencia agrediendo a las fuerzas policiales, y que terminó con una parte del Poder Legislativo bajo fuego, tiene que llegar hasta los que fueron autores morales e instigadores de la barbarie.
La Fiscalía ya identificó a los actores materiales, los protagonistas de estos hechos vandálicos, y los imputó rápidamente. Pero la cosa no puede terminar aquí. Y resulta extremadamente preocupante que ya en esa primera imputación no se mencione los nombres de quienes han sido desde el comienzo señalado como los verdaderos instigadores de la violencia.
No resulta demasiado difícil ni requiere de una gran tarea de investigación señalar a estos autores morales. Durante meses, a través de los medios de comunicación que les son funcionales, anunciaron su intención de provocar violencia, sin analizar las consecuencias, a fin de impedir que la enmienda pudiera superar el primer escollo constitucional, que son las cámaras del Congreso.
Lo dijeron en la prensa, en las redes sociales y hasta en las sesiones plenarias del Senado. Efraín Alegre prometió atacar el Parlamento en el momento en el que se tratara el proyecto y Desirée Masi aseguró que el “grupete” de disidentes y sectores de la oposición armarían “quilombo, dentro y fuera de la cámara”.
Y cumplieron. No hay crónica de un delito más anunciada que ésta. Ellos dijeron que en el momento en que el Senado estudiara el proyecto sus huestes estarían en la plaza, dispuestos a resistir “hasta las últimas consecuencias” para impedir su aprobación.
Así que para concretar su rápida y eficiente actuación, la Fiscalía debe imputar a Masi, Alegre, Mario Abdo Benítez, Rafael Filizzola, Luis Alberto Wagner y varios otros intolerantes, que están dispuestos a soportar, hasta la muerte de ciudadanos inocentes, con tal de salirse con la suya.
La impunidad de los autores intelectuales debe terminar de una buena vez en la administración de Justicia paraguaya. Y este sería un fantástico momento para empezar.