ADN Digital
Desde siempre, el dinero del IPS fue y sigue siendo depositado en el sistema financiero, en bancos de plaza, generándole muy poco rédito. Esta modalidad se prestó no pocas veces a manejos poco claros entre las autoridades del instituto y algunas entidades bancarias y, en el pasado, le costó muy caro a los aportantes, como en la crisis financiera del 95, en la que perdió más de 300 millones de dólares, según estimaciones.
Desde hace algunos días está en marcha una intensa campaña de desinformación a través de las redes sociales, respaldada por algunos medios de prensa, sobre la “exclusión de los servicios de salud del Instituto de Previsión Social (IPS) de los nuevos asegurados que padecen enfermedades graves”, como cáncer y diabetes, entre otras. A ésta se sumó enseguida otra que obtuvo mayor repercusión, referida a lo que sería “el inminente zarpazo del Gobierno a los fondos de la entidad, mediante la reforma de la Carta Orgánica que promulgará Horacio Cartes de un momento a otro”. Como era de esperarse, el apocalíptico panorama, que no tiene ningún asidero en la realidad, generó la innecesaria confusión y hasta zozobra de muchos asegurados.
Ante tal situación, la máxima autoridad de la institución, el Consejo de Administración, salió a aclarar públicamente que nadie será discriminado por su condición de salud, que lo que está en estudio son los mecanismos para evitar casos de fraude (contratos truchos) y que ni existe siquiera un anteproyecto para modificar la Carta Orgánica, por lo que mal podría estar su promulgación a la firma del presidente de la República, último paso luego de ser tratado y sancionado previamente por ambas cámaras del Congreso.
Sin embargo, aun así, gremios que nuclean a trabajadores y jubilados del Instituto protagonizaron ayer una movilización en rechazo a ambas cuestiones que NO figuran en el orden del día, lo cual genera suspicacias acerca del verdadero móvil de la protesta, que por lo general deriva con el correr del tiempo en demandas salariales y mejoras de las condiciones laborales o bien adquirir un tinte marcadamente político.
Despejado el tema de los contratos fraudulentos, suscritos a favor de beneficiaros de avanzada edad que nunca antes habían aportado al Instituto, al solo fin de tener acceso a tratamientos de altos costos, corresponde sí abrir un amplio debate sobre la reforma de la “Carta”, uno de cuyos aspectos, no el único, tiene que ver con la forma en que se aplican los fondos jubilatorios, los cuales suman un total de 1.660 millones de dólares.
Desde siempre, el dinero del IPS fue y sigue siendo depositado en el sistema financiero, en bancos de plaza, generándole muy poco rédito. Esta modalidad se prestó no pocas veces a manejos poco claros entre las autoridades del instituto y algunas entidades bancarias y, en el pasado, le costó muy caro a los aportantes, como en la crisis financiera del 95, en la que perdió más de 300 millones de dólares, según estimaciones.
Los que siempre defendieron este modelo de previsional, con lo cual coincidimos, también abogaban por aplicar parte de sus fondos al financiamiento de obras públicas, para generar mayor rentabilidad, al tiempo de contribuir con el desarrollo del país, generar mano de obra, etcétera. Claro, con las garantías y “blindajes” necesarios para que los mismos no corran riesgo alguno. Paradójicamente, los sindicatos del IPS, que se atribuyen arbitrariamente la condición de “únicos propietarios”, se niegan, alegando que el Gobierno no puede ser el mejor garante de los fondos siendo que es su principal deudor.
Además de ser un argumento pobre, pues existen muchas formas de contar con tales garantías, incluyendo la intervención de organismos internacionales, sistemas fiduciarios, entre otros, los gremialistas eligieron el peor momento para expresar tal “desconfianza”, habida cuenta que justamente este gobierno procedió al pago de una deuda histórica que el Ministerio de Educación y Cultura mantenía con la entidad. El monto total transferido fue de 240.000 millones de guaraníes y se concretó hace exactamente un año, el 3 de agosto del 2015.
Como siempre, el déficit comunicacional ha dicho nuevamente ¡presente!. Desde los órganos comunicacionales del Ejecutivo y de la previsional hay que explicar esto no una, sino mil veces, e impulsar un debate serio sobre un tema de tanta trascendencia como el referido, lo que a su vez echará por tierra las campañas de desinformación que, evidentemente, persiguen objetivos muy distintos a la defensa del Instituto.