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Mientras la imagen del país ha mejorado ante la comunidad internacional gracias a las obras de infraestructura emprendidas por el gobierno y al frontal combate a la corrupción que viene dando importantes resultados, los últimos escándalos por la emisión de audios sin orden judicial y la obtención de datos de conversaciones privadas, supuestamente solicitados por funcionarios de la Fiscalía de J. Augusto Saldívar, hacen que, de nuevo, la percepción de los demás países sea que, en Paraguay, los derechos individuales no son respetados.
A punto de que nuestra democracia cumpla 29 años, difíciles y con avances y retrocesos que, de a poco, lograron sacarnos del atraso y del terror al que nos había sometido la dictadura stronista, nos enfrentamos al peor escándalo que pudiéramos imaginar, al observar que no importa que la Constitución y las leyes garanticen principios tan fundamentales como las libertades individuales y el derecho a la privacidad, si es que no existe voluntad política para respetar esas normas y castigar a quienes las violan.
Eso es lo verdaderamente grave y que pone en entredicho todo lo que habíamos pensado hasta ahora. Que las leyes no nos garantizan que estamos protegidos ante los abusadores y delincuentes, que actúan con absoluta impunidad, persiguiendo a quienes los molestan o entorpecen en esa su desmedida ambición de seguir manejando los hilos del poder, como lo hicieron toda la vida.
El caso de los audios del JEM, obtenidos y emitidos sin orden judicial, de manera absolutamente ilegal, es claramente una cuestión de oportunismo político, la cómoda forma como el director del diario ABC y su entorno encontraron para perjudicar la imagen del gobierno y, con algo de suerte, liberarse de su gran enemigo, el presidente Horacio Cartes, responsable de haber cortado el chorro de los negociados a este sector.
No hay certeza sobre quién ordenó el pinchazo al celular de un funcionario del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, pero lo que queda evidente es que el llamado “grupo de investigación” del diario de Zuccolillo se apoderó de ellos y los difundió de manera absolutamente irresponsable e ilegal.
Si los delitos de tráfico de influencias, que en estos audios parecen existir, son reales, o, por lo menos hay una sospecha de ello, los órganos jurisdiccionales tienen la imperiosa obligación de investigarlo, pero dentro del marco de la ley y sin violar ninguna garantía individual ni exponer a las personas a un escarnio público sin ninguna base legal. Esa será una forma seria de combatir la corrupción y la impunidad, sin cortapisas.
En el caso de detalles de conversaciones y mensajes de una larga lista de políticos, oficialistas, disidentes y opositores, además de fiscales, abogados y el secretario privado del presidente Horacio Cartes, que fueran solicitados por alguien de la Fiscalía de J. Augusto Saldívar, lo que queda claro es que existe una persona, o un grupo de personas, que pretenden utilizar estas llamadas con fines extorsivos.
Son dos casos gravísimos, que no solamente nos demuestra la absoluta indefensión que tenemos los paraguayos, sino que nos exponen ante la comunidad internacional como un país poco serio a la hora de proteger a sus ciudadanos. Que los culpables sean los que siempre pusieron palos a la rueda no debería sorprender a nadie.