Miércoles , noviembre 21 2018
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“Rafa”, litigante de muy mala fe

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El juez Gustavo Amarilla nos sorprendió  el pasado lunes, gratamente por cierto, al ordenar el arresto disciplinario de Walter Bower. Lo declaró “litigante de mala fe” y vaya si existen sobrados fundamentos para hacerlo, considerando las innumerable “chicanas” a las que recurrió el exdiputado para empantanar el proceso por presuntos hechos de tortura iniciado hace casi 17 años. La medida resulta aleccionadora y debería abarcar a otros en los que la defensa apuesta indisimuladamente a que se extinga la causa. Uno de ellos es el exministro del Interior, Rafael Filizzola, quien fuera imputado el 23 de mayo del 2013 por la compra irregular de helicópteros, ocasionando un daño patrimonial gigantesco al Estado paraguayo, pero quien hasta la fecha logró impedir la realización del juicio oral por el sinfín de maniobras jurídicas a las que apeló para evitar una sentencia condenatoria.

La decisión del juez Amarilla es el camino que debe seguir la administración de Justicia en todos aquellos procesos en los que se desvirtúa la utilización de recursos destinados a garantizar el ejercicio de la defensa, transformándolos en mecanismos destinados a lograr la extinción de la causa y, con ella, lograr la impunidad de los delincuentes.

Esta práctica perniciosa, que constituye un claro abuso del derecho, puede observarse a simple vista en el caso de Rafael Filizzola. El 31 de julio del 2014, el juez de garantía Hugo Pasmor elevó a juicio oral y público la causa contra el alto funcionario del gobierno de Fernando Lugo. De entonces a esta parte ya transcurrieron 1.328 días, casi 4 años, pero merced a la sistemática presentación de recusaciones y otros resortes para posponer “sine die” una definición judicial, el proceso sigue estancado hasta ahora.

No hace falta ser abogado penalista, ni siquiera estudiante de derecho, para concluir que “Rafa” y sus abogados son “litigantes de mala fe”. Nunca respetaron las normas legales referentes a la materia, especialmente las disposiciones contenidas en el artículo 112 del Código Procesal Penal, según el cual “las partes deberán litigar con buena fe, evitando planteos dilatorios y cualquier abuso de las facultades que ese código les concede”. En consecuencia, deberían ser pasibles de medidas como las resueltas por Amarilla en contra de Bower.

Todos se preguntarán por qué Filizzola, si se considera inocente como alega, se niega a someterse a juicio. Resulta que las investigaciones del Ministerio Público, que sirvieron de base para la posterior acusación, hablan de una operación fraudulenta realizada por él para la adquisición de cuatro helicópteros de la firma Proibérica S.A, que terminaron sobre tacos, a pesar de que dicha empresa no reunía los requisitos del pliego de bases y condiciones.

A esto se suma otro hecho sumamente grave:  Proibérica había adquirido los helicópteros de Aero Flight Service, con sede en Chile, por valor de 4,5 millones de dólares, de los cuales abonó 3,5, y le vendió al Ministerio del Interior por valor de US$ 10 millones, más del doble, antes de finiquitar la operación de compra, lo cual le fue debidamente informado al entonces secretario de Estado, quien sin embargo llevó a cabo la adjudicación contra viento y marea.

Estas son las razones por las cuales  “Rafa” evita por todos los medios ir a juicio oral, ante la casi certeza de que será condenado. Lo que no es aceptable es el rol permisivo y hasta cómplice de la Justicia, que el expediente esté “cajoneado” en la oficina de su “padrino” en la Corte Suprema, el ministro Óscar Bajac, y que tremendo golpe a las arcas del Estado termine en la impunidad.

Pocos, como él, tuvieron 4 larguísimos años para preparar su defensa. Es hora de exigir su inmediato enjuiciamiento y, a la menor “chicana” de su parte, declararlo como a Bower: litigante de mala fe y ordenar su arresto.

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