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MADRID.- Por expresa orden del presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, el Ministerio del Interior inició ayer jueves el despliegue de efectivos de la Guardia Civil y la Policía para detener al extitular de la Generalitat, Carles Puigdemont, si llegara a entrar España antes de las elecciones del 21 de diciembre. El expresidente está procesado por rebelión, sedición y malversación de fondos.
El exmandatario del defenestrado gobierno catalán, junto con varios consellers (ministros) huyó a Bruselas, Bélgica, poco después de proclamar la independencia y la República dos veces, aunque sin consecuencias legales. Fue de inmediato procesado por rebelión, sedición y malversación de fondos. Pero no se presentó ante el Tribunal Supremo, por lo que es un prófugo de la Justicia.
Su estrategia ahora es ganar la mayoría de diputados reivindicando que el suyo es “el único gobierno legítimo”. Es una carrera desesperada contra sus socios-adversarios de Esquerra Republicana, encabezados por la candidatura de Oriol Junqueras, quien también se postula al mismo máximo cargo. Junqueras, a quien todos daban como seguro ganador, ha visto crecer constantemente los votos favorables a Puigdemont.
Desde su refugio en Bélgica, el ex presidente protagoniza numerosos actos diarios, entrevistas y toda clase de apariciones en medios internacionales. Mientras tanto, desde su prisión madrileña, a Oriol Junqueras solo le queda el recurso exiguo del papel y el bolígrafo para enviar soflamas a sus partidarios.
JUSTICIA BELGA CERRÓ PROCESO DE EXTRADICIÓN CONTRA EL EXPRESIDENTE Y SUS EXCONSEJEROS
La Justicia belga retiró ayer jueves, a petición de las autoridades españolas, la solicitud de extradición del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y de los cuatro exconsejeros que le acompañan en Bélgica, confirmó el entorno de los políticos independentistas.
Puigdemont, junto a Clara Ponsatí, Antoni Comín, Lluís Puig y Meritxell Serret, están investigados por la Justicia española por presuntos delitos de sedición, rebelión, malversación de fondos públicos, desobediencia y prevaricación.
La Audiencia Nacional solicitó cinco Órdenes Europeas de Detención y Entrega (OEDE), pero el caso pasó después al Tribunal Supremo que decidió retirarlas, petición que recogió la Fiscalía belga y se la trasladó al magistrado de la Cámara del Consejo de Bruselas, que ayer cerró el expediente en Bélgica.
La Fiscalía señaló que difundirá un comunicado oficial al respecto una vez concluyan los otros asuntos que fueron tratados ayer por el tribunal de primera instancia y ante el que no comparecieron los implicados, sino sólo sus abogados.
En cualquier caso, el Ministerio Público belga ya había informado cuando el Tribunal Supremo de España solicitó que se retiraran las peticiones de extradición que el cierre oficial del caso era una formalidad ya que el juez solo podría tomar nota y “constatar que el caso se ha vuelto irrelevante”.
