ADN Digital
Desde mañana, una garrafa de 10 kilos de gas costará 50 mil guaraníes en las estaciones de servicio de Petróleos Paraguayos (Petropar). En este momento, ese mismo producto, imprescindible en las viviendas paraguayas, cuesta entre 70 y 80 mil guaraníes y son proveídas por el sector privado aglutinado en la Cámara Paraguaya del Gas, cuyos representantes intentaron impedir esta reducción por todas las vías posibles.
Esta decisión del Ejecutivo es absolutamente legal y legítima puesto que afecta exclusivamente a la empresa estatal, Petropar, que desde ahora también incursionará en la venta del Gas Licuado de Petróleo (GLP) así que todas las trabas que intentaron imponer las empresas que conforman el cartel que de toda la vida han manejado los precios, en claro detrimento de los consumidores, es solo lamento inútil e inservible.
Por la regla de la oferta y la demanda, resulta claro que una vez que Petropar fije su precio del gas en 5 mil guaraníes el kilo, los demás emblemas no tendrán manera de conservar los astronómicos precios actuales y tendrán que adecuarlos al mercado. Es por eso que lloran y se quejan, denunciando al gobierno por arbitrariedades que existen solamente en su imaginación, porque perjudicarán a sus bolsillos.
Pero no es precisamente que empezarán a trabajar a pérdida. El viceministro de Industria, José Luis Rodríguez, informó que, aún con ese precio, Petropar ganará más de 1.000 guaraníes por kilo, e igual cosa ocurrirá con las empresas privadas, lo que demuestra a las claras que las ganancias que reciben con los precios actuales son hasta groseras y no condicen con las condiciones generales del país.
No es extraño que estas empresas pataleen ya que poco o nada les interesa el bienestar de la gente. Ellas se metieron al negocio de la venta del gas para hacerse millonarias, y si para ello debían aumentar varias veces el costo del producto, pues mejor que mejor.
Para colmo, hasta ahora habían tenido como cómplice a todo el sector oficial del país, que, posiblemente, recibía grandes coimas como pago por hacer la vista gorda y no disponer ningún beneficio a la ciudadanía. Por poner un ejemplo, no hace mucho que los medios de comunicación se quejaban de que, a pesar de la disminución del precio del petróleo a nivel internacional, aquí no bajaba el precio del combustible. En realidad, aquí nunca hubo disminución del precio de nada; al contrario, contra todos los pronósticos, las subas eran una constante y la única perjudicada era la ciudadanía que, como consumidora final, debía adecuar sus escuálidos bolsillos a los intereses económicos de los poderosos.
Por lo tanto, pareciera hasta natural que los sectores afectados reaccionen ahora con susto y preocupación porque están viendo, por primera vez, un gobierno al que le gusta reducir el precio de las cosas y buscar el beneficio de la gente. Los transportistas se rebelan por la disminución del costo del pasaje del transporte público y los emblemas que venden gas patalean indignados porque la incursión del Estado a través de Petropar les obligará a reducir sus precios y disminuir –no demasiado- su porcentaje de ganancias.
Y por si fuera poco, allí nomás están los empresarios que observan espantados como hay cada vez más posibilidad de que el salario mínimo aumente anualmente, adaptándolo a la realidad. Y si el Congreso no decide patear en contra, esto también beneficiará a las clases sociales más necesitadas del país.
Estos pataleos nos recuerdan de que “Ladran Sancho, señal de que cabalgamos”, lo que significa que el gobierno ha tomado en las últimas semanas unas decisiones destinadas a paliar la feroz asimetría que existe entre las clases sociales de este país. Bien hecho.