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Hace más de 5 años se había registrado el gran robo detectado en la construcción de dos plantas desaladoras en el Chaco, entre el 2009 y 2010. Se sindica como supuesto responsable al entonces ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional, Camilo Soares, durante el gobierno de Fernando Lugo. El caso se dilata y hasta ahora no se definió si se realizará o no un juicio oral.

ASUNCIÓN (Por Cirilo Ibarra).- Semanas atrás se recordó el Día Mundial del Agua con el lema “Mejor agua, mejores empleos”, fue conmemorada por la Secretaría de Emergencia Nacional con un taller para definir un plan operativo participativo sobre intervenciones en la Región Occidental en materia de agua.

En la ocasión, no se pudo evitar recordar el gran robo perpetrado con el cuento de abastecer gran parte del Chaco con agua potable. Entre los años 2009 y 2010, de acuerdo con estimaciones de la propia Secretaría de Emergencia Nacional, fueron desembolsados más de G. 15.000 millones (entonces unos 3 millones de dólares), en la construcción de dos platas desaladoras.

Sin embargo, aquellas obras son inservibles, fueron abandonadas y el entonces titular de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Camilo Soares, se encuentra procesado. Su imputación data de abril del 2010 y hasta ahora no se definió si se realizará o no un juicio oral.

En el mes de octubre del 2013, la Sala Constitucional de la Corte Suprema ratificó que Camilo Ernesto Soares y el exdirector de contrataciones de la SEN, Alfredo Guachiré, deben enfrentar la Justicia por las presuntas sobrefacturaciones en la construcción de las dos desaladoras, en el operativo “Chaco Oikotevê Ñanderehe”.

Las defensas de Soares y Guachiré plantearon la acción de inconstitucionalidad contra la resolución Nº 577, de fecha 14 de junio de 2011 de Mayor Martínez, y la N° 267, de fecha 24 de noviembre de 2011, dictada por el Tribunal de Apelación, integrado por Agustín Lovera Cañete, José Waldir Servín y Emiliano Rolón Fernández.

La máxima instancia judicial rechazó in límine (sin estudio) el recurso presentado el 7 de diciembre de 2011, contra los fallos de primera y segunda instancia que se oponen al “archivo” de los puntos indicados.

La Sala Constitucional especificó que no puede “revisar discrepancias sobre cuestiones procesales fundadamente resueltas por los magistrados”. Al no cumplir con los requisitos formales, ni siquiera se estudia el fondo de la acción.

Las sobrefacturaciones se habrían concretados en las construcciones de las plantas desaladoras de Tte. Manuel Irala Fernández y Villa Choferes del Chaco. Fueron supuestas grandes obras durante el gobierno de Fernando Lugo, pero más bien parecen ser “grandes robos”. El caso se dilata y hasta ahora no se definió si se realizará o no un juicio oral.

Confirmación de Contraloría

La Contraloría detectó en su auditoría la existencia de un sobrecosto de al menos 224 millones de guaraníes, en la ejecución del presupuesto de la desaladora. Ese informe incluyó el fiscal René Fernández en los actos investigativos, que se basó fundamentalmente en la denuncia por presuntas sobrefecturaciones en la construcción de las dos plantas en el Chaco.

Pese a las denuncias, el 31 de octubre del 2010, en la inauguración de una de las plantas desalinizadoras (método de eliminación de la sal del agua) en el departamento de Boquerón, el presidente Fernando Lugo calificó la obra como un logro de su gobierno “transparente” y una promesa cumplida por su administración. La planta nunca se puso en funcionamiento

Mientras tanto el entonces fiscal Arnaldo Giuzzio encontró indicios contundentes de hechos punibles en los casos que afecta a Soares, en el manejo discrecional de los fundos de la entidad. El presunto daño patrimonial asciende a G. 4.200 millones. Incluyen los famosos “coquitos de oro” y viaje de “placer” de Camilo a España. Suman en total estos casos, de posible malversación, alrededor de G. 10.000 millones. El Ministerio Publico, ante la contundencia, decidió imputarlo por el presunto daño patrimonial.

Nancy Godoy, propietaria de la firma Don Raúl, exproveedora de la SEN, confirmó que su empresa estaba en condiciones de seguir operando con la institución y mantener el precio del coquito a G. 4.530 el kilo. Pero el ministro Camilo Soares alegó que tenían deudas con Don Raúl y que por ese motivo no la convocaron.

Famosos “coquitos de oro”

Al hablar de Camilo Soares, es imposible no recordar otro sonado caso de presunta gran corrupción. Y sin dudas, fue una de las causas “emblemáticas” de la era Fernando Lugo. Fueron los famosos “coquitos de oro”, caso conocido así por la sobrefacturación en la compra de panificados, específicamente de coquitos, que en su momento salpicó al entonces titular de la Secretaría de Emergencia Nacional.

Cabe recordar que en ese entonces, pese a tener una oferta que rondaba los G. 4.500 el kilo, Soares hizo que el Estado a través de su Cartera los adquiera de otra proveedora, que de acuerdo a las declaraciones realizadas por los entonces fiscales Arnaldo Giuzzio y Rocío Vallejos, ¡pedía más de G. 9.000 por kilo!

Aquel procedimiento le valió una imputación, por considerar una escandalosa sobrefacturación.

El juez que atendió aquella causa fue Mayor Martínez, quien fue inducido al error durante la audiencia preliminar, según se informé en aquella oportunidad, con la conducta omisiva del fiscal que intervino, Eduardo Cazenave.

El magistrado había rechazado los puntos objetados, sin que exista imputación alguna por parte del entonces fiscal anticorrupción, Arnaldo Giuzzio.

Otro sonado caso del ministro de la SEN se produjo en su viaje a España. En el hotel gastó 270 euros, según consta en una factura original, pero en el documento que presentó ante la Contraloría como rendición de viático figura que gastó 969 euros. Desde España confirman que el documento fue adulterado. El hotel Convención confirmó que la factura con la que Camilo intentó justificar sus gastos, de G. 18 millones, era adulterada.

Protegido e ignorado

El exobispo, Fernando Lugo, entonces presidente de la República, trató de minimizar siempre el caso Camilo Soares. Para el mandatario nunca tuvo trascendencia el hecho que involucra a Camilo Soares, imputado y procesado por lesión de confianza y producción de documentos no auténticos.

Ni si quiera se atrevió a destituir a Soares luego de ser imputado. Lugo se limitaba a hablar escuetamente sobre el caso y siempre se defendía remarcando que “dependerá mucho del proceso”, ignorando la imputación del fiscal Arnaldo Giuzzio y el procesamiento del juez Oscar Delgado.

Hasta le sacó en cara el caso de los coquitos de oro, por el que fue procesado.

Sin embargo, unos años después, cuando Lugo ya fue senador y el ministro de la SEN no es nada, el exobispo lo “ninguneó”. “¿Quién es Camilo Soares?… que solucione primero su problema de coquito de oro, después hablamos”, manifestó el exobispo.

La polémica se originó con las declaraciones de Lugo a la agencia EFE de que no pertenece ni le interesa pertenecer a la izquierda. Soares, dirigente del Partido Movimiento al Socialismo (PMAS), había cuestionado este hecho, y alegó que el expresidente solo intenta instalar una especie de marketing falso para conseguir amigos y sponsors.

Además Soares refirió que el exmandatario simplemente intentó justificar un argumento de persecución autoritaria contra aquellos que piensan diferente a ellos.

Soares sentenció que Lugo nunca fue de izquierda y que ni siquiera maneja los cinco conceptos básicos del pensamiento marxista. Consultado sobre este tema, fue que Lugo se hizo del desentendido, y consultó a los periodistas si no había otros temas más importantes.