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La crisis de seguridad que estalló en el estado de Espírito Santo por una huelga de la Policía Militarizada, y que en las últimas 24 horas aumentó las muertes violentas de 105 a 121, amenaza con extenderse a otras zonas de Brasil, como Río de Janeiro, donde varios batallones permanecían acuartelados.
VITÓRIA, Brasil.- Como ya ocurrió en Espírito Santo, decenas de familiares de los policías militares se manifestaron frente a las puertas de varios cuarteles de Río de Janeiro y Belem, la capital de Pará, en demanda de mejoras salariales y de una revisión de sus condiciones de trabajo.
Las protestas reflejan la gravedad de la crisis económica que sufre Brasil y los problemas financieros que ahogan a la mayoría de los estados del país, que han retrasado el pago de los salarios de los funcionarios públicos.
En Río, las concentraciones se sucedieron desde las primeras horas en varios cuarteles del norte y centro de la ciudad, y en Campo Grande y otras localidades de la llamada Baixada Fluminense, una de las zonas más violentas del estado.
En conjunto, 27 batallones registraron protestas, aunque solo cuatro fueron bloqueados y el 95% de los efectivos trabaja con normalidad, de acuerdo con un informe de la Policía Militarizada, que se ocupa de la seguridad en las calles.
La protesta, encabezada por esposas de los agentes —quienes por su estatus militar no pueden participar en huelgas— provocó algunos cortes en el tránsito pero no se tradujo en incidentes.
Un portavoz de la Policía Militarizada de Río admitió que las tropas están “insatisfechas”, pero garantizó el “diálogo” con el gobierno estadual para llegar a un acuerdo sin necesidad de huelga.
En un intento por frenar el malestar de los policías, el gobernador de Río de Janeiro, Luiz Fernando Pezao, anunció en la semana pasada un aumento del 10,22% para funcionarios de seguridad y educación.
Pezao, debilitado después de que la Justicia Regional Electoral pidiera su cese por abuso de poder, es el blanco de frecuentes movilizaciones de funcionarios en demanda del pago de los salarios adeudados.
La posibilidad de una huelga de la Policía en Río de Janeiro, una de las ciudades más peligrosas del país, en vísperas del Carnaval —que atraerá a más de 1,5 millones de turistas— podría provocar un caos sin precedentes en el estado, que declaró “calamidad financiera” el pasado junio.
Las protestas se extendieron también a Belem, donde cientos de familiares de agentes se movilizaron y bloquearon las salidas de los cuarteles, aunque no han alcanzado la gravedad de la situación creada en Espíritu Santo, donde la huelga que comenzó el pasado sábado ha dejado al menos 121 muertos en circunstancias violentas.
Los 10.000 miembros de la Policía Militarizada de Espírito Santo perciben un sueldo básico de 2.642 reales (unos 800 dólares) y llevan tres años sin aumentos.
La presencia de más de 1.200 miembros del Ejército y la Fuerza Nacional de Seguridad en Vitória, la capital, y las principales ciudades del estado, no ha frenado la ola de violencia, según el Sindicato de Policías Civiles de Espírito Santo.
GOBIERNO Y POLICÍA HABÍAN LLEGADO A UN ACUERDO, PERO LA MEDIDA SIGUE
Los policías del estado brasileño de Espírito Santo no retomaron este sábado sus tareas pese al acuerdo alcanzado para poner fin a una huelga que sumió a la zona en el caos, pues los familiares de los uniformados seguían bloqueando los accesos a los cuarteles.
Según los términos del acuerdo firmado en la noche del viernes con las autoridades locales, los policías y bomberos militares se comprometieron a retomar sus tareas este sábado a las 09:00 GMT. Pero la situación seguía incambiada.
“Conversamos con nuestros soldados y pedimos sentido común y que retomen las actividades. Son más de 100 muertos”, afirmó el secretario de Derechos Humanos de Espírito Santo, Julio Cesar Pompeu, en declaraciones recogidas por la estatal Agencia Brasil.
En el acuerdo, que no recoge las reivindicaciones salariales de los agentes, el gobierno se compromete sin embargo a realizar las promociones de los policías que lo merezcan por ley -y que aún no disfrutaban de su nueva categoría-, así como a formar una comisión para revisar la carga horaria de los trabajadores.
En la reunión, no participaron representantes de los familiares, en su mayoría mujeres, que desde hace una semana bloqueaban la salida de los cuarteles en reclamo de mejores salarios y condiciones laborales para los uniformados, que por la Constitución no tienen derecho a hacer huelga.
