Abel Bernal, rector de la UNA.
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Rector de UNA no quiere saber nada de reducir los aranceles

ASUNCIÓN.- La legislación que establece topes de aranceles a universidades públicas e institutos superiores fue promulgada el pasado lunes y está empezando a sacar ronchas en las autoridades. Se trata de la Ley 5.633 “Que regula los aranceles en concepto de legalizaciones, visados, expedición de certificados de estudio y diplomas realizados en las universidades, los institutos superiores y los institutos de formación profesional del tercer nivel de carácter público”.

En ese sentido, el rector de la UNA, Abel Bernal, reafirmó que la universidad no podrá seguir con varios programas de estudios si acata el tope a los aranceles establecido por ley. Ratificó que presentará una medida cautelar lo antes posible.

Alegó que con esta normativa la universidad quedará sin fuentes de financiamiento para varios programas. “Tenemos compromisos con proveedores, pensando en los ingresos de los últimos meses, pero ahora debemos reducir los aranceles en algunos casos en un 50%, refirió.

Recordó que la UNA no se sustenta con fondos del Estado, por lo que requiere del cobro de aranceles por ciertos servicios. “La Universidad Nacional -como todas las universidades públicas- cobra aranceles por necesidad, porque el Estado no nos da (fondos)”, manifestó.

Por otra parte, indicó que el impulsor de la ley que fija tope a los aranceles, el diputado Dionisio Amarilla (PLRA), fue decano en la UNA y mencionó que realmente están sorprendidos, ya que teóricamente el legislador conoce las necesidades que soporta la casa de altos estudios.

A partir de ahora los aranceles que se abonen en concepto de legalizaciones, visados y expedición de certificados de estudios, no podrán exceder el límite de un jornal y medio diario, cifra que actualmente rondaría los G. 35.000.

De igual manera, la expedición de diplomas deberá tener un costo máximo de un jornal diario (que es de G. 70.155), mientras que el monto a abonar para el examen de admisión o ingreso no podrá superar los diez jornales diarios, lo que representaría poco más de G. 700.000.

La normativa también aclara que las instituciones de formación universitaria e institutos deberán informar sobre los aranceles actualizados de cada período académico a través de sus respectivas páginas web.

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