En el 2006 ya se utilizó el sistema de votos electrónicos en nuestro país.
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Reformas electorales deben ser objeto de un debate serio

Urnas electrónicas, voto realmente obligatorio y mecanismos para que los electores puedan concurrir sin impedimentos a expresar su voluntad el día de los comicios (transporte gratuito) son temas que, si se discuten con la seriedad y altura que corresponde, contribuirán a seguir perfeccionando nuestro sistema electoral, una transparencia aún mayor y dará un fuerte empuje a la participación, clave para que las autoridades electas gocen de plena legitimidad.

ASUNCIÓN.- Si bien es cierto que nuestro sistema electoral es puesto de ejemplo en otros países, siempre se puede avanzar más, sobre todo para dotarle de mayor modernidad lo que garantizará más transparencia y resultados más inmediatos.

Recientemente se volvió a presentar en la Cámara de Diputados –la de origen para cuestiones electorales- un proyecto de ley que establece el uso de las urnas electrónicas en todas las elecciones y todo el territorio nacional.

Este sistema ya fue utilizado en las elecciones del 2003, pero solamente en algunas ciudades cabeceras y para un porcentaje pequeño de electores. No hubo críticas a los resultados de su implementación; sin embargo, en el 2008 no se utilizó el voto electrónico porque la oposición había dicho que no confiaba en la Justicia Electoral.

Pero ahora, es justamente la oposición la más entusiasmada con la posibilidad de usar las urnas electrónicas en próximos comicios. Y es bueno que así sea, pero para decidir su implementación hay que iniciar un debate serio, que involucre a todos los sectores y que abarque a todo el territorio nacional y la totalidad de electores habilitados.

El proyecto que establece el voto realmente obligatorio, previendo sanciones para quienes no cumplen, también debe ser analizado con total seriedad por las cámaras del Congreso. Si bien es cierto que la Constitución y la Ley Electoral hablan del voto obligatorio, allí no están previstas las sanciones para quienes incumplen con la norma, lo que hay que decidir adecuadamente.

Disponer de transporte público gratuito para que los electores puedan trasladarse sin inconveniente hasta sus lugares de votación implicaría un gran avance, especialmente en el interior del país, donde generalmente deben viajar varios kilómetros para cumplir con su obligación cívica. Además, los colectivos pasarían a estar al servicio de la ciudadanía y no de los partidos y candidaturas que tienen poderío económico para alquilarlos.

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