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El miembro informante (relator) de la comisión del Senado que analiza si la presidenta Dilma Rousseff debe ser sometida a un juicio de destitución recomendó ayer miércoles que el proceso continúe debido a que, consideró, cumple todos “los requisitos legales”. El informe será votado el próximo miércoles 11 de mayo.
BRASILIA.- El informe del senador Antonio Anastasia, relator del caso, fue divulgado por el Senado, en momentos en que comenzaba la lectura ante los miembros de la comisión especial del impeachment de la Cámara alta de las 126 páginas que tiene el documento.
El relator de la comisión del Senado que analiza si la presidenta Dilma Rousseff debe ser sometida a un juicio de destitución recomendó el miércoles que el proceso continúe debido a que, consideró, cumple todos “los requisitos legales”.
Anastasia indicó que “la denuncia presenta los requisitos legales y formales exigidos por la legislación en vigencia, y especialmente por la Constitución Federal, para ser recibida”.
Agregó que su voto “es por la admisión de la denuncia con la consecuente instauración de un proceso de ‘impeachment’, la apertura de un plazo para que la denunciada responda a la acusación y el inicio de la fase de instrucción del proceso” que, se espera, llevará a recortar el mandato de la presidenta.
El informe elaborado por Anastasia tras escuchar los testimonios de la acusación y la defensa será votado el viernes en la comisión, que tiene 21 miembros, y en caso de ser aprobado por una mayoría simple será remitido al pleno del Senado.
En esa última instancia, el informe se prevé que será debatido el próximo miércoles y si al menos 41 de los 81 senadores se inclinaran por instaurar el juicio político, Rousseff será separada del cargo durante los 180 días que puede durar el proceso.
En ese período, sería sustituida por el vicepresidente Michel Temer, con quien está enemistada hace meses y que ya ha comenzado a articular la composición del gobierno que debería asumir una vez que la mandataria sea notificada oficialmente del inicio del juicio.
Hasta concluir que existen méritos jurídicos para la apertura del proceso, Anastasia hizo en su informe un pormenorizado relato de las acusaciones, que se fundamentan en maniobras contables irregulares en las que el gobierno incurrió en 2014 y 2015.
