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La abierta presión del vicepresidente de la República, el presidente del Senado y la líder de la bancada oficialista de Diputados, todos de Colorado Añetete, para que la Justicia conceda medidas alternativas al abdista Ulises Quintana, generó muchas críticas, especialmente en el gremio de abogados, puesto que califican el hecho como una clara injerencia de la clase política en la Justicia. Según la diputada Kattya González, esto es, por lo menos, absolutamente desatinado.
ASUNCIÓN.- Desde que Quintana fue detenido, representantes importantes de Añetete hicieron sentir sus voces de protesta, lo que se recrudeció en los últimos días, en lo que muchos llaman una clara injerencia de la clase política en la Justicia y el Ministerio Público.
La diputada encuentrista señaló que “es cuanto menos absolutamente desatinado el hecho de pretender interferir en la tarea del Ministerio Público. Hay un rol constitucional que cumple la Fiscalía. Nosotros entendemos que si existe una imputación y un pedido de prisión es porque existe una sospecha cierta de la comisión de hechos sumamente graves. Si lo comete Juan Pueblo estaría preso y por qué estaría libre si es un diputado, un senador o una persona ligada a círculos de poder”.
“No es bueno, no hace bien. Es importante entender que la injerencia de la clase política permea las instituciones como el Ministerio Público. Estamos viviendo épocas diferentes. Hay un repudio generalizado hacia aquel legislador que interfiere de manera puntual en el proceso judicial”, aseguró, reconociendo, sin embargo, que hay muchas falencias tanto en la Fiscalía como en la Corte Suprema de Justicia.
Según la diputada, “estamos cumpliendo 30 años de una transición, en donde siempre el poder vilipendiado y la fragilidad de la democracia radica en la disfuncionalidad del Poder Judicial al que el 89 parece no haberle llegado aún. Donde históricamente se licenció a la clase política para que meta su cuchara y fuerce a la Justicia, o sino los audios no hubiesen existido y la injerencia política no se hubiese dado”.
Dijo que entre las muchas cuestiones que hay que revisar está la decisión de la Corte que permite que un legislador ejerza su profesión de abogado, aunque es algo que la Constitución prohíbe y añadió que se necesita que el máximo tribunal emita un fallo que diga que un diputado o senador no puede litigar porque “riñe y es incompatible con su labor de legislador”.
