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La crisis en la Municipalidad de Ciudad del Este ocupa un lugar de primerísima importancia en el escenario político, en donde se dirimen cuestiones que van mucho más allá de las simpatías o antipatías hacia los Zacarías, así como de la “vergüenza” que hoy dicen sentir por el nuevo intendente, Celso “Kelembú” Miranda, los mismos que antes le rendían alabanzas por ser uno de los enemigos más feroces del “clan”. Su desenlace marcará en gran medida el curso que seguirá el proceso político; si será por el camino de abordar y resolver los conflictos de manera institucional, o si se dará riendas sueltas a los que apuestan a la persecución política, atropellando la Constitución Nacional y las leyes que la reglamentan.
Los hechos no deberían dejar lugar a dudas. Siete concejales (mayoría absoluta) decidieron finalmente aceptar la renuncia de la intendente Sandra McLeod de Zacarías y procedieron a designar a uno de ellos para cubrir la vacancia, tal como establece la Ley Orgánica Municipal 3966/10, en su inciso “c”.
A esto se resisten los otros cinco concejales que, antes, cuando eran mayoría y los plazos legales lo permitían, rechazaron la posibilidad de realizar elecciones porque querían hacer lo mismo que ahora cuestionan, tal como les señalara el presidente de la República y el ministro del Interior en los últimos días. ¿Y qué pasó entre aquel “antes” y el “ahora”? Algo muy simple. Cambió la correlación de fuerzas en la Junta y los que eran mayoría quedaron en minoría, por lo cual no pudieron beneficiarse con la maniobra que habían tramado.
La sucesión de McLeod se realizó, pues, en los marcos de lo que establece la ley y la crisis podría canalizarse en forma institucional, lo que torna secundario si la sesión se hizo en la dirección de tránsito o en el baño, dado que la minoría “tomó” la sala de reuniones, impidiendo el funcionamiento del organismo. Y la valoración política de Miranda es otro tema, absolutamente independiente de todo lo anterior.
La historia debería concluir así. Sandra ya no está, CDE tiene nuevo intendente y la intervención a la comuna de CDE, que coincidentemente había finalizado, perdió su razón de ser, pues su único efecto podría haber sido la destitución de la exjefa comunal. Lo único que quedaría pendiente son las acciones que las partes radiquen ante la justicia electoral.
Tanto Abdo Benítez, como Villamayor, se manifestaron en el mismo sentido, con lo cual todo parecía indicar que el oficialismo había adoptado una postura definida al respecto. Hasta que aparecieron en escena los diputados para echar nafta al fuego que se estaba apagando…
Un grupo de legisladores de la oposición intentará hoy “remover” a Sandra McLeod de Zacarías, lo cual resulta completamente delirante. Pero más grave que eso. Para proceder a la “destitución”, pretenden “anular” todo lo actuado por los 7 concejales, violando groseramente la autonomía municipal, consagrada en la Constitución Nacional, y “nombrar” un administrador del municipio. O sea, de aprobarse esta posición, los legisladores se ubicarían al margen y por encima de la Ley fundamental de la República para imponer su objetivo.
En este contexto, resulta preocupante el silencio de la bancada de Colorado Añeteté, sin cuyos votos ninguna de estas barbaridades sería viable en Diputados. La única que hizo declaraciones al respecto fue la líder del bloque, Jazmín Narváez, poniendo en duda la legalidad de la sucesión, lo que aporta una cuota de mayor incertidumbre política sobre la real postura del oficialismo.
Tal como están las cosas, del oficialismo dependerá que la sesión de hoy de la Cámara Baja represente un paso hacia la superación de la crisis en CDE, en los marcos del Estado de Derecho, o bien, un nuevo ataque al régimen institucional y avanzar por la peligrosa senda de la persecución política.