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ASUNCIÓN.- Hay que rever la decisión tomada sobre el proyecto de pérdida de investidura, dijo el diputado colorado Ramón Romero Roa, quien dijo que, así como se aprobó el proyecto, es una bofetada para la ciudadanía. “Si cometimos un error, debemos rectificarlo”, aseguró, añadiendo que el nuevo proyecto blindaría mucho más a los legisladores que la ley derogada en julio pasado.
A pesar de que ya lo sospechábamos luego de tantas postergaciones, lo aprobado por los diputados el miércoles pasado fue un balde de agua fría para la ciudadanía y medios de comunicación, puesto que, si habían protestado por la ley llamada de autoblindaje, que fuera derogada en julio pasado, las nuevas disposiciones hacen que sea, sencillamente imposible que un legislador pueda ser expulsado de la cámara, sin importar que haya suficientes motivos para ello.
Romero Roa piensa que hubo equivocación, y que esta hay que reconocerla, pero la sensación es que no fue ningún error, sino una decisión pensada y bien planificada, de manera a blindar, a Carlos Portillo primero y a todos los que podrían venir después.
Lo que sí reconoció el diputado colorado es que el proyecto aprobado, aunque no totalmente aún, en particular, fue una bofetada para la ciudadanía, lo cual es cierto porque de las 3 opciones que había, para reglamentar la pérdida de investidura, la mayoría de Diputados optó por la más difícil de concretar, puesto que, no solamente se deberá contar con una nueva ley, sino que la institución que juzgará a los legisladores será el Tribunal Superior de Justicia Electoral, estableciendo un procedimiento engorroso y absurdo, a tal punto que un legislador denunciado podría terminar su mandato antes de que su expulsión se concretara.
Justamente, cuestionando la competencia dada al TSJE, Romero Roa dijo que “Su competencia está muy bien definida: llevar a cabo las elecciones, juzgar las elecciones y juzgar a los candidatos, ahí termina la tarea del Tribunal Electoral. El tema es que volvemos más complicado esto, para llevar más adelante corporativamente y no asumir una decisión personal”.
“Cuando va analizando los siguientes artículos, uno ve que prácticamente una decisión de pérdida de investidura puede no terminar en un periodo de mandato”, aunque añadió que aún se puede solucionar esto puesto que “uno puede replantear y pedir una reconsideración y eso puede volver a comisión. Eso es lo que podríamos hacer si hay una conciencia más amplia; estamos analizando hacerlo el lunes en la mesa directiva”.
Refiriéndose ya al caso del liberal Portillo, indicó que en eso “tenemos una acusación fiscal, entonces está fehacientemente comprobado que hubo tráfico de influencia. Uno no puede engañar a la nueva sociedad. Si uno dice ‘vamos a hacer el proceso de pérdida de investidura’, que primero aprobemos nosotros, que vaya al Tribunal Electoral, tiene que ir al Ministerio público; eso significa que tiene que haber una sentencia previa que puede tardar, cinco, 10, hasta 15 años en nuestro país. Aparte, la figura de la pérdida de investidura no está vinculada a un juicio ordinario”.
