ASUNCIÓN.- La Nota Reversal firmada por los cancilleres Eladio Loizaga, de Paraguay y Jorge Furie de Argentina, responde al ordenamiento del Tratado Binacional que da vida a la Entidad Binacional Yacyretá que determina a los 40 años de duración se debía revisar varios aspectos entre ellos el Anexo C.
El canciller nacional explicó que el documento es parte de aquello y lo que se establece es “la reformulación y readecuación de todo lo que refiere al aspecto económico de la entidad binacional; es consecuencia del Acta de Entendimiento que se firmó en Ayolas el 4 de mayo pasado”.
Los acuerdos contractuales con empresas y consorcios para la construcción de obras civiles y maquinización de la central hidroeléctrica y sus eventuales controversias no son parte del tratado y no pueden ser incluidos en la revisión del Anexo C. “Esta Nota Reversal lo que busca al final es darle visibilidad financiera a la entidad y convertirla en sostenible”, destacó Loizaga.
La firma del acta pone fin a un proceso iniciado en el 2014. El Anexo C, del Tratado de Yacyretá, que fija las condiciones financieras y el suministro de electricidad, en su Numeral 9 dispone que a los 40 años de entrada en vigor del Tratado, el presente Anexo C será revisado.
En base a esa disposición, las altas partes instalaron mesas de negociación a los efectos de realizar una revisión “y con eso se pone punto a final a la criticada deuda cuyos responsables son gobiernos anteriores e instalar a la entidad en un escenario rentable”, dijo Loizaga.
Estas negociaciones comenzaron hace tres años con un primer acercamiento a la administración de Cristina Kirchner “y con importantes avances con el presidente Macri hasta hoy que capitalizamos con la Nota Reversal con un pie de igualdad sobre bases y condiciones impuestas por el gobierno Cartes de avanzar con las obras solo cuando se resuelva la deuda, y es lo que se hizo”, historió el canciller Loizaga.
La deuda ha aumentado a pasos agigantados y el incremento a dos mil millones año hizo que, para el 2015, esa deuda trepó a US$ 19 mil millones, de los cuales, US$ 17 mil millones era del tesoro argentino. “Si esto no se modificaba, no se podía revisar el Anexo C. Primero había que solucionar ese tema financiero”, explicó.