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BRASILIA – Con la aprobación de la Cámara de Diputados al juicio político contra la Jefa de Estado, Dilma Rousseff dispondrá de las herramientas de la justicia para interrumpir un cada vez menos evitable proceso contra su gestión.
El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, organismo que la semana pasada rechazó la solicitud de suspender el proceso de impeachment, dejó abierta la posibilidad de que el gobierno impugne la acusación de crimen de responsabilidad en la que se fundamenta el proceso de destitución.
El presidente de la esfera judicial, Ricardo Lewandowski, expresó a los medios de prensa del país, “No cerramos la puerta a una posible impugnación en cuanto a la definición de los hechos imputados a la señora presidente, en el momento adecuado”.
“No cerramos la puerta a una posible impugnación en cuanto a la definición de los hechos imputados a la señora presidente, en el momento adecuado”
Otra parte de la estrategia del Gobierno consistiría en buscar apoyo entre los senadores de mayor influencia. En primer lugar, el presidente Renan Calheiros , aliado del Ejecutivo, aunque los propios senadores de su partido harán fuerza para que empiece pronto el juicio político.
Rousseff es acusada de violar la Ley de Responsabilidad Fiscal, al practicar maniobras contables llamadas “ruedas fiscales” y abrir líneas de crédito por decreto, sin el aval del Congreso. Lo que en palabras del abogado brasileño Miguel Reale Jr. quien junto con los letrados Hélio Bicudo y Janaina Paschoa quienes iniciaron el proceso de impeachment constituye un crimen de responsabilidad.
