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ASUNCIÓN.- La destitución del entonces senador Óscar González Daher, a fines del 2017, no tuvo la menor intención de rectificar rumbos, ni algo que se le parezca. En un ambiente de crispación política y en vísperas de las internas coloradas, la mayoría circunstancial que existía entonces en la Cámara de Senadores hizo uso de esa superioridad para destituirle del JEM y expulsarlo de la legislatura, condiciones que difícilmente se repitan en otros casos.
Todo estuvo muy bien montado por los que en ese momento tenían la mayoría en el Senado, añetete y oposición, con la abierta connivencia del diario ABC, que decidió lanzar los famosos audios que, presuntamente, demostraban el tráfico de influencias en el JEM justo a una semana de las internas coloradas en las que competían Santiago Peña por Honor Colorado, y Mario Abdo Benítez por Añetete.
La intención no era atacar y castigar a González Daher, sino que el escándalo (era de nuevo precandidato al Senado por HC) enturbiara de tal manera la campaña de Peña y el cartismo, que los añetete consiguieran ganar las internas. Y tuvieron éxito, puesto que ni Santi ni su equipo tuvieron tiempo de reaccionar ante el duro golpe recibido a días de los comicios y Abdo Benítez se alzó con la candidatura a la Presidencia de la República.
Jamás hubo ningún intento de rectificar rumbos y hacer que la justicia logre su ansiada independencia del poder político. Nada que ver. Quienes juzgaron y destituyeron a OGD eran sus colegas, amigos, compinches, acostumbrados a actuar de la misma manera y, es más, a pedirle –en su carácter de presidente del JEM- que interceda por tal juez o fiscal o que castigue a este otro, por no fallar a su favor.
Ésos fueron los que lo echaron primero del JEM y luego del Senado, constituyendo hasta hoy el único legislador –por lo menos desde el 89- en ser destituido por sus pares. Pero eso no lo hace un hito histórico, ya que nada cambió con eso, excepto lo que querían los que fueron sus jueces, que pierda el cartismo y gane su candidato. Pero no hubo ningún mea culpa ni acto de contrición ni promesas de que la injerencia política y el tráfico de influencias terminarían en la administración judicial.
Al contrario, en el mismo momento en el que OGD era obligado a tomar sus petates y rajar del Congreso, ya se sabía que sus posteriores sucesores harían exactamente lo mismo que él. Lo único que tendrían que evitar era estar en el lugar y el momento equivocados, que fue lo que le pasó al exsenador cartista, por lo que pagó un alto precio.
