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“Sandra”, la orangutana que se convirtió en “persona”

Sandra con una revista junto a la cesta con su comida.

BUENOS AIRES.- Sandra tiene 33 años y vive en el Ecoparque de Buenos Aires. Es una orangutana mestiza a quien la justicia argentina ha reconocido sus derechos como “persona no humana”. Sus tutores legales quieren trasladarla a una reserva estadounidense.

Sandra nació el 14 de febrero de 1986 en el zoológico de Rostock, en lo que entonces era la República Democrática Alemana. No se sabe mucho sobre su infancia, salvo que su madre la rechazó. Creció en soledad. La enviaron al zoológico de Gelsenkirchen y en septiembre de 1995, con nueve años, fue vendida al zoológico de Buenos Aires. Allí se le encontró un compañero temporal con quien engendró a Sheinbira, una hembra. Sandra repitió la historia familiar: no quiso a su cría. Como su propia madre, carece de instinto maternal. De Sheinbira se perdió la pista. La compró un intermediario y se cree que está en algún lugar de Asia. Sandra permanece sola. Es el único animal de su especie en Argentina.

Hasta aquí la historia previsible de un animal en cautiverio. Lo que ocurrió a partir de 2014 resulta mucho menos previsible. La Asociación de Funcionarios y Abogados por los Derechos de los Animales (AFADA), representada por el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, consideró que la situación de Sandra, “encerrada en una caja de cemento”, era intolerable y acudió a los tribunales para reclamar que dejara de ser considerada “cosa” u “objeto”, como establece el Código Civil y Comercial argentino. En marzo de 2015, el asunto llegó al Juzgado Contencioso, Administrativo y Tributario número 4 de la Ciudad de Buenos Aires, dirigido por la juez Elena Liberatori. Y ahí empezó a gestarse una sentencia sensacional. Empezó a gestarse también una peculiar relación afectiva entre una juez progresista y habituada a la polémica y una orangutana solitaria y, según sus cuidadores, crónicamente deprimida.

El 25 de agosto de 2014, después de la iniciativa de AFADA, Julio Conte-Grand, procurador general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, publicó en el diario conservador La Nación un artículo titulado “Darwin ha muerto” en el que afirmaba: “La idea de otorgar personalidad jurídica a los animales, amén de configurar una ruptura con la visión clásica y un abierto rechazo a pautas distintivas básicas de naturaleza metafísica y antropológica, representa la literal y fatal descalificación de la teoría darwiniana, ya que parte importante de esa corriente de pensamiento, al tiempo que reclama el reconocimiento de la personalidad de los animales no humanos, se la niega a los embriones humanos”.

La conclusión de Conte-Grand era la siguiente: “Se postula, en consecuencia, que el ser humano, en alguna de las etapas de su vida, constituye una instancia evolutiva inferior a la de los monos. ¿Entonces el mono desciende del hombre?”.

El artículo de Conte-Grand suscitó críticas de ­numerosos científicos argentinos y, desde España, de la entidad Proyecto Gran Simio. El diario izquierdista Página 12 publicó la respuesta al fiscal de 253 profesionales de la biología, bajo el título “Darwin sigue vivo, y también las malas interpretaciones de la teoría evolutiva”.

El caso de Sandra había abierto ya una gran polémica. Entretanto, la juez Liberatori preparaba su sentencia. Leyó, por ejemplo, Los animales no humanos, del jurista y sociólogo italiano Valerio Pocar, y El lenguaje de los animales, de la etóloga estadounidense Temple Grandin. Habló largamente con Lucía Guaimas, antropóloga y funcionaria de su propio juzgado. No llegó a descubrir, antes de emitir sentencia, la Declaración de Cambridge sobre la Conciencia (2012), en la que un grupo de neurocientíficos, en presencia del astrónomo Stephen Hawking, proclamó que “los animales no humanos poseen substratos neuroanatómicos, neuroquímicos y neurofisiológicos de los estados de consciencia, junto con la capacidad de exhibir comportamientos intencionales”. Liberatori conoció unos meses más tarde esa declaración, pero su decisión estaba tomada.

El 21 de octubre de 2015 se emitió sentencia: Sandra fue reconocida como “sujeto de derecho” (no “objeto”) y se ordenó al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, propietario del zoológico y, por tanto, de la orangutana, que garantizara al animal “las condiciones naturales del hábitat y las actividades necesarias para preservar sus habilidades cognitivas”. (Con información de El País).

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