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El Proyecto de Ley de “rehabilitación financiera “que otorga un subsidio hasta G: 51 millones a cada pequeño productor que acredite ser propietario de hasta 30 hectáreas de tierra, que fuera sancionado por ambas Cámaras del Congreso, ha sido vetado por el Poder Ejecutivo ejerciendo la atribución prevista en el Art. 238, Numeral 4 de la Constitución nacional.
La sanción de dicho Proyecto de Ley había sido duramente cuestionada por la mayoría de la ciudadanía honesta y trabajadora de nuestro país, además de los principales gremios empresariales, por considerarla irracional. Pues a través de ella, los legisladores no hicieron otra cosa que demostrar su desprecio e insensibilidad hacia una gran parte de nuestra población, que con mucho sacrificio paga sus impuestos y otros tributos, para que puedan ser invertidos en cosas prioritarias y urgentes para nuestro país como: salud pública,educación,obras de infraestructura entre otros y a sabiendas de que el Estado no cuenta con dichos recursos, salvo una reprogramación de varios rubros dentro del Presupuesto General de la Nación (PGN), pero que afectarían directamente los mencionados precedentemente, dado que los gastos rígidos son intocables.
Desde un principio se había dicho analizado y consensuado de que lo correcto para estos casos era el de sancionar y promulgar una ley que les permita a estos productores poder acceder a una refinanciación y reestructuración de sus deudas a plazos y condiciones que se adecuen realmente a su capacidad actual/proyectada de repago que les permitan poder seguir siendo sujetos de crédito dentro del sistema financiero formal.
Se había mencionado que serían aproximadamente 17.000 los pequeños productores “damnificados” que pretendían poder acogerse a este subsidio; sin embargo, sus dirigentes en ningún momento han presentado al Parlamento un listado que incluya el nombre, monto y concepto de las deudas contraídas.
Ante deficiencias insalvables del cual adolecía el Art. 1º del referido Proyecto de Ley, en lo que hace a la identificación de la cantidad de beneficiarios que serían objeto del subsidio y la no existencia de la forma de poder certificar cual sería el monto global que estaría afectado presupuestariamente para poder cumplir con el mismo, además del impacto social y económico que de hecho podría llegar a tener, pues lo más prudente, sensato y racional era vetarlo totalmente.
El presidente Cartes señaló que los paraguayos somos solidarios, y siempre estamos dispuestos a ayudar a quienes más lo necesitan. Pero no podemos postergar el bien de todos, privilegiando a unos cuantos, ni usar la necesidad de la gente como instrumento proselitista”.
Si bien lo reconoció que en un principio tenía pensado dejar pasar esta ley para evitar crispación social y posibles enfrentamientos violentos, dijo que al revisar en detalle los análisis económicos decidió tomar dicha decisión.
Señaló el mandatario que si fuese necesario prefería condenar su futuro político, antes que al Paraguay”, puntualizando además que el costo de la mencionada normativa podría haber superado los 3.200 millones de dólares (equivale al 25% del PGN), teniendo en cuenta “el efecto dominó” se pudo haber generado en otros sectores que de hecho podrían haber realizado igual reclamo al gobierno lo que resulta muy obvio.
“A solo 5 meses de las primeras elecciones, lo más fácil pudo haber sido hacer lo mismo que los senadores y diputados con esta ley de subsidio, pero el bienestar de todos los paraguayos está por encima de todo”, agregó el titular del Ejecutivo.
El gobierno -a través del Banco Nacional de Fomento, el Crédito Agrícola de Habilitación y el Ministerio de Agricultura y Ganadería- viene cumpliendo con el acuerdo firmado con los campesinos el año pasado, lo que de por sí ha implicado un gran esfuerzo por brindar soluciones de fondo para los pequeños productores a través de propuestas concretas orientadas a su rehabilitación financiera y productiva.
Si bien es dable reconocer que este proyecto de ley nuevamente volverá a la Cámara de Senadores para tratar el veto presidencial, se estará precisando del voto de 23 senadores que ha sido la Cámara de origen para la ratificación en su aprobación inicial además de 41 diputados, para que pueda ser promulgado.
La responsabilidad de poner al país por encima de los intereses electorales vuelve al Congreso, y la ciudanía debería estar atenta a la conducta que podrán tener los representantes del pueblo en los próximos días cuando vuelvan a analizarlos en plenaria.
