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El martes 2, el Congreso Nacional ingresará a debate con el veto parcial del Poder Ejecutivo al Presupuesto General de la Nación 2018. Un déficit de US$ 87 millones pone en riesgo el cumplimiento de las normas de la Ley de Responsabilidad Fiscal. La objeción apunta a eliminar aumentos salariales de funcionarios de ANDE (15%), docentes (4%), Salud (8%) INC. En Diputados requiere 41 votos y el Senado precisa 23 votos para rechazar el veto del Ejecutivo.
ASUNCIÓN.- Una vez firmado el Decreto 8.325 que veta parcialmente el Presupuesto General de la Nación 2018 (PGN) fue remitido a la Comisión Permanente del Congreso para que esta instancia convoque a Diputados y Senado para el martes 2 de enero y estudiarlo.
El veto será tratado el mismo día por ambas Cámaras y se precisan mayorías calificadas para rechazarlo. En Diputados 41 votos y en Senado se requiere 23 votos. De no reunirse la cantidad de votos el Decreto del veto quedará firme.
El Ministerio de Hacienda explicó que el desborde provocado por los incrementos salariales significa un déficit de US$ 87 millones que no tienen fuente de financiación. Esta cifra dispara directamente contra el tope legal (1,5%) que impone la Ley de Responsabilidad Fiscal
La objeción del Ejecutivo incluye aumentos para docentes (4%), aprobado por el Senado por sobre el 12% de Diputados y aceptado por Hacienda. Para los profesionales de blanco del Ministerio de Salud destinaron 8%, que afecta al Hospital de Trauma, del Hospital General Pediátrico Acosta Ñu. En tanto para 4.500 funcionarios de ANDE se aprobó 15% mas desprecarización para 500 puestos. Este último beneficio fue aprobado en Diputados y aceptado por el Ejecutivo.
También fueron aumentados los salarios para funcionarios del Ministerio Público, Industria Nacional del Cemento (INC), Universidad Nacional de Asunción (UNA) y otros sectores menores. Los docentes comunicaron que de prosperar el veto parcial “no iniciarán las clases en febrero”.
CONTROVERSIAS
El Senado había aprobado el PGN sin el análisis de la Cámara de Diputados, hecho que provocó controversias entre sus integrantes. Quedó aprobada la versión Senado del PGN 2018 fuertemente cuestionado por el Poder Ejecutivo por los aumentos que se introdujeron. Desde entonces cobró fuerza la posibilidad de veto parcial.
Diputados y Senado se acusan de obrar de manera irresponsable. En Cámara Baja, su presidente, Pedro Alliana, aseguró que el Senado no envió a tiempo el proyecto para una revisión minuciosa de modificaciones puntuales favorables a sectores ligados a la oposición. El Senado, por su parte, acusó a Alliana de no haber enviado el PGN con las firmas correspondientes en tiempo y forma y se impuso la sanción ficta.
