Santiago Peña, ministro de Hacienda.
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Senado pretende dejar al país al borde de cesación de pagos

El Senado, en su sesión de aprobación del Presupuesto General de la Nación 2017, pasó 12 horas debatiendo un “presupuesto austero” y cortó plan de emisión y dejó sin servicio de deuda y sin inversión. En contrapartida se adjudicó un incremento de G. 30.000 millones para el Parlamento, del cual el 50% es para salarios y aumentó el sueldo de docentes y médicos. Como broche de oro, el Senado puso tope a la política monetaria del Banco Central del Paraguay (BCP) y arriesga la gestión de contención inflacionaria. La senadora Desirée Masi pone en riesgo la credibilidad internacional de Paraguay y ahora el riesgo es caer en cesación de pagos. Hacienda pide a Diputados que ratifique su sanción y si así resulta, se iniciarán conversaciones en la Cámara Alta para aceptar la determinación de la Cámara Baja.

ASUNCIÓN.- El Ministerio de Hacienda emitió una suerte de dictamen técnico de lo que dejó la sanción del Presupuesto General de la Nación 2017, considerada muy peligrosa para la economía paraguaya.

En reunión de prensa, el ministro Santiago Peña enumeró lo que considera “graves errores” que dejan al país al borde de una cesación de pagos ante la ausencia de una fuente de donde obtener recursos para honrar las deudas ya asumidas. Destacó dos grandes errores:

  1. No haber asignado partida presupuestaria para el servicio de la deuda que tiene vencimiento 2017.
  2. Poner un tope a la capacidad del BCP de implementar una política monetaria.

El funcionario explicó que “Acá no se habla de emitir más deuda. La decisión del Senado fue la de no permitir al Ejecutivo pagar las deudas que tienen vencimiento este año; y si no tenemos la autorización, aun si tenemos recursos de otras partidas no podremos honrar las deudas que vencerán”.

Los organismos multilaterales que confiaron en la capacidad de pago de Paraguay revisarán sus posturas “si es que nos atrasamos un día en el pago y automáticamente caemos en default, en cesación de pagos y en el caso de Paraguay serán US$ 2.380 millones que deben ser devueltos en forma inmediata y honrar la deuda de esa manera, eso es como consecuencia de que el Senado no ha autorizado la emisión ni crear otra fuente para el pago”, dijo vehemente Peña.

Durante más de 12 horas de debate; los senadores defendían “un PGN austero; enunciación falsa porque después aprobaron G. 500 millones de bocaditos y aumentaron el presupuesto para el Parlamento en G. 30 mil millones; de eso el 50% está destinado para salarios en el Congreso”, protestó Santiago Peña.

El análisis y conclusión de los analistas del gobierno ata de manos al ministerio de Hacienda “porque generan preocupación y va tener una consecuencia económica enorme sobre todos los paraguayos”, dijo el ministro Peña.

“ESTAMOS EN UN PROCESO DE VENEZUELIZACIÓN”

La decisión del Senado de establecer un tope al Presupuesto Monetario de la banca matriz para el año 2017, fue calificada por el presidente del BCP, Carlos Fernández Valdovinos como “un retroceso a años de estabilidad monetaria en el país. Creo que estamos en un proceso de venezuelización con la decisión del Senado, de poner en riesgo la estabilidad monetaria, es inaudito”.

La votación en el Congreso establece un límite en función al promedio anualizado de los últimos 36 meses, poniendo de esta manera un límite al costo de la Política Monetaria.

Fernández Valdovinos afirmó que lo decidido por la Cámara Alta puede disparar los niveles de inflación y cambiario y agregó que “la decisión es un ataque a la institucionalidad” y acusó al senador Miguel López Perito, “ya que fue quien hizo la campaña para poner límites a la política monetaria, faltando a la verdad” expresó.

“VIOLARON LA LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL”

El Senado repitió la misma determinación de ejercicios pasados aumentando salarios de funcionarios con un criterio más electoralista que técnico. Santiago Peña, ministro de Hacienda, cuestionó esta actitud en dos sentidos: no se respetó la Ley de Responsabilidad Fiscal y no se determinó fuente de financiación.

El Senado aprobó 10% y 15% para docentes y 18% para médicos y profesionales de blanco.

“No sabemos cómo vamos a financiar esto. Los porcentajes orillan el tope de la Ley de Responsabilidad Fiscal además de violarla porque tiene condicionamientos para el aumento de salarios”; explicó el secretario de Estado de Hacienda.

La Ley de Responsabilidad fiscal “determina que los salarios públicos deben ser aumentados una vez aumentado el salario del sector privado y en la misma proporción; y eso no ocurrió; el Senado violó esta Ley”, acusó Peña.

El Ejecutivo decidió un reajuste del 7,7% para el sector privado, “y el Senado incrementó para docentes 10% y 15% y 18% para médicos y eso es deriva en una violación clara de la Ley de Responsabilidad Fiscal”, insistió el ministro de Hacienda.

Apuntó que “nosotros estuvimos de acuerdo en la necesidad de aumentar el salario mínimo del sector público; sin embargo el Senado no incorporó este aumento”, destacó el funcionario.

LA IRRESPONSABILIDAD IMPONE VETO AL PGN

La economista Clara Bogado de Goubi afirmó a radio 1000 y la 107.5 que “si prima la irresponsabilidad en la construcción del presupuesto general, se impone el veto del Ejecutivo y que en fondo no está mal porque el Presupuesto 2016 es bueno y se puede aplicarlo”.

La Cámara de Senadores aprobó a principios de esta semana un PGN 2017 con recortes en la emisión de bonos destinados al pago de deuda ya comprometidas en la ejecución de obras de infraestructura y tampoco lo reemplazó con otra fuente de donde obtener recursos.

La profesional señaló que “el país posee inversiones públicas, y cuando se recorta ese rubro, entonces el impacto en los gastos que son necesarios para el desarrollo, quedarán parados, y eso involucra, puestos de trabajo y serios problemas con el capital internacional que confió en Paraguay”.

Destacó que “el endeudamiento no es malo, es bueno si se invierte y se asegura el pago de la deuda”, sostuvo la economista.

En cuanto al crédito de US$ 200 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destacó que “en caso de que no se aprueba el crédito de US$ 200 millones del BID, no se tendrá como pagar a trabajadores”.

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