ADN Digital
Hace ya 23 días, el pasado 14 de marzo, la Cámara de Diputados resolvió iniciar el proceso de juicio político al contralor general, Enrique García, acusándolo de incurrir en un rosario de delitos, que van desde la asignación irregular de viáticos, hasta la producción de documentos no auténticos, pasando por la contratación irregular de consultorías y el tráfico de influencias; esto último referido al escándalo destapado (y vuelto a cubrir) en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. El hecho tiene una enorme significación política e institucional, tratándose de un recurso extremo previsto en la Constitución Nacional para corregir una situación altamente perjudicial para el país. Sin embargo, habiendo transcurrido más de tres semanas desde que se adoptó la decisión, en la Cámara de Senadores el caso ni siquiera es objeto de debate en comisiones, confirmando así, una vez más, la espantosa irresponsabilidad política, por decir lo menos, de quienes la componen.
Lo que hizo la Cámara Baja fue apelar a un resorte constitucional para poner fin a lo que, según la mayoría de sus miembros, afecta nocivamente a los intereses del Estado paraguayo, es decir, al de todos los paraguayos. Palabras más, palabras menos, lo que determinó fue que tenemos a un bandido al frente de la institución que debe velar por la transparencia en las instituciones públicas, controlar para evitar que en ellas se produzcan malos manejos administrativos y denunciar al ministerio público si detecta actos ilícitos. Gravísimo, ¿no?, al igual que la indolencia de los senadores de la nación, a quienes no se les movió una pestaña ante semejante acusación, que hasta ahora no tramita, en abierto incumplimiento de las obligaciones que les impone la Ley fundamental de la República.
La inaceptable dilación podría obedecer a las más variadas razones, de entre las cuales no se descarta la simple y condenable ineptitud de los legisladores, quienes en lugar de obrar según lo exigen las circunstancias están abocados de lleno, a tiempo completo, a la caza de votos para conseguir el ansiado “rekutú” en los comicios que se avecinan. Pero aunque parezca mentira, existen otros motivos aún peores.
Algunos senadores de la oposición, particularmente del PLRA, prefieren diferir el tratamiento del tema para las calendas griegas bajo el argumento del presunto proyecto de “copamiento institucional” que perseguiría el oficialismo con la destitución de García, lo cual, aún si fuera cierto, no sería un motivo que justifique el mantenimiento en el cargo de alguien sobre el cual pesa semejantes cargos. En todo caso correspondería discutir, como segundo paso, la designación de quien debería reemplazarlo de manera permanente, después de las elecciones, para que sea de un signo político distinto al del presidente electo.
Otros se avienen a mantener por ahora el “status quo”, para no resultar eventualmente “salpicados” por cuestiones que pudieran surgir de manera “colateral” (y al respecto el contralor tal vez tiene algo que decir), a pocos días de las votaciones. Y también están los que no tienen ninguna premura de definir la cuestión, porque para ellos el tema de la corrupción no es una prioridad y porque, después de todo, les puede resultar útil tenerle al alto funcionario bajo amenaza (¿chantaje?), como lo hacen desde hace tiempo con varios ministros de la Corte.
Cualquiera sean los móviles que llevaron al “freezer” el juicio político al contralor, los senadores están concluyendo así el peor ciclo legislativo de dicha cámara a lo largo de toda la etapa democrática. Ninguna otra le hace sombra, lo que debería darles aunque sea una pizca de vergüenza, cuya sensación evidentemente desconocen.
Tanto es así que, casi en su totalidad, se postulan nuevamente a fin de continuar en el cargo otros cinco años, para desprestigio de sus respectivos partidos, cada vez más alejados de los electores.