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ASUNCIÓN.- El pleno de la Cámara de Senadores podría tratar mañana, sobre tablas, el proyecto de Ley “Que declara en situación de emergencia penitenciaria los establecimientos penitenciarios en todo el territorio de la República”. La iniciativa tuvo media sanción en Diputados, el martes.

La fundamentación de la necesidad de sancionar el proyecto se sustenta en la grave crisis edilicia subsistente en los centros penitenciarios, debido a la superpoblación, la falta de guardiacárceles en la cantidad requerida y la deficiente seguridad, que se tradujo, hace algunos días, en un amotinamiento de internos que culminó con la muerte de 10 reos.

En la Cámara Baja se declaró la emergencia penitenciaria por el plazo 12 meses, en contraposición a un pedido para que solo sea por el término de 6 meses; se autorizó el apoyo y empleo de las Fuerzas Públicas (Policía Nacional y Fuerzas Armadas) para los fines de la ley, que también tuvo oposición teniendo en cuenta que el empleo de las Fuerzas Militares para estos menesteres constituiría una violación constitucional; igualmente, se autorizó al Ministerio de Justicia, a adoptar medidas administrativas para la contratación de personal, además de bienes y servicios, en excepción a lo que dispone la Ley 1.626, De la Función Pública.

Para los efectos de esta iniciativa también se faculta al Ministerio de Hacienda a realizar ampliaciones presupuestarias para el Ministerio de Justicia, mediante decreto del Poder Ejecutivo, previa comunicación al Congreso Nacional sobre eventuales modificaciones.

Se dispuso que para la construcción de nuevos establecimientos, a través de las excepciones previstas en el documento, el Ministerio de Justicia debe informar, una vez adjudicada la obra, cuatrimestralmente al Legislativo, sobre los avances de las mismas.

La financiación está prevista que sea con recursos provenientes del tesoro nacional, recursos del crédito público, recursos institucionales y los provenientes del financiamiento privado y de las entidades binacionales.

De tratarse hoy y aprobarse el proyecto de la Cámara de origen, sin modificaciones, el documento deberá ser remitido al Ejecutivo para su veto o promulgación.