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Mientras siguen fungiendo como los grandes defensores de la institucionalidad y la transparencia, los senadores disidentes y opositores se niegan a aceptar que son los responsables de la crisis actual en la Fiscalía General del Estado puesto que hace unos 100 días que mantienen cajoneado el acuerdo constitucional para nombrar al sucesor de Javier Día Verón al frente de la institución.
ASUNCIÓN.- Todo el problema que en este momento sufre la Fiscalía General de la República hubiera podido ser evitado si en octubre del año pasado, el Senado hubiera obedecido los plazos constitucionales y, luego de 30 días, se hubiera expedido sobre el pedido de acuerdo del Poder Ejecutivo para el nombramiento de Sandra Quiñónez como nueva fiscal general del Estado.
A pesar de que varios sectores privados se mostraron a favor de Quiñónez, a quien califican como una excelente profesional, sin ninguna denuncia en su contra y que ha demostrado valentía al frente de la Fiscalía Antisecuestro, en el combate contra el EPP, los senadores disidentes y opositores dijeron que la rechazarían por haber sido propuesta por el presidente Horacio Cartes y por ser colorada.
Incluso Desirée Masi, quien aseguró que la fiscala había garantizado la protección de su familia, anunció su voto en contra por “cuestiones exclusivamente políticas”, lo que implica que la idoneidad y capacidad de una persona no cuenta para nada, si es que no responde a los intereses políticos de quienes tienen la sartén por el mango.
Ahora, incluso, han agregado otros argumentos en contra de Quiñónez, supuestamente por haber sido mencionada en algunos audios de los que se dieron a luz en el caso del Jurado de Enjuiciamiento. Esto es incluso más absurdo que lo anterior puesto que no solamente estas grabaciones son ilegales sino que no es ella la que habla en ninguna de las conversaciones que se le pretenden endilgar.
Si, a pesar de estos absurdos argumentos, el Senado hubiera tomado una postura, aunque sea rechazando el pedido de acuerdo constitucional, se hubiera superado el impase, el caso hubiera vuelto al Consejo de la Magistratura y en este momento posiblemente ya estaría seleccionada una nueva terna de candidatos.
Pero no. Fieles a su estilo de dilatar todo, disidentes y opositores decidieron postergar el tema, sin importar que la Constitución les exigiera que tuvieran un plazo de 30 días desde el momento de recibir el pedido del Ejecutivo. Pasó noviembre, pasó diciembre y está pasando enero sin que haya una definición. Al no haber respuesta, nadie puede hacer nada y así seguirá la cuestión hasta que a los senadores les dé la gana de hacer su trabajo.
