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El senador llanista Dionisio Amarilla, en el ojo de la tormenta por el caso de una licitación del IPS, querelló al periodista Juan Carlos Lezcano, de ABC, por calumnia y otros delitos, luego de que el hombre de prensa acusara al legislador de haber intentado sobornarle para “desinflar” denuncias en contra del proceso licitatorio.
ASUNCIÓN.- Lezcano había denunciado un intento de soborno del legislador, del cual habría recibido 22 millones de guaraníes, aunque posteriormente se habló de 40 millones, con la intención de parar publicaciones que denunciaban un supuesto proceso irregular de licitación del IPS.
En su cuenta de Twitter, Amarilla comentó que había decidido querellar a Lezcano, “el difamador y calumniador sistemático. Quien nada debe, nada teme. Y conforme a necesidad ampliaremos querella”. La querella es por difamación e injuria en contra del periodista.
En una entrevista radial, el liberal dijo que “estoy harto que se quite de contexto lo ocurrido. Es una carga muy pesada la que me quieren transferir, y yo niego”. Lezcano había dicho que Amarilla participó de una reunión entre María Luz Peña, asesora de comunicación, y Óscar Chamorro, de una empresa de seguridad que participaba de un proceso de licitación del IPS, en donde se le dijo que se le pagaría para que dejara de publicar denuncias sobre oscuros manejos en el proceso mencionado.
Según Amarilla, en la reunión jamás se mencionó el caso de IPS, sino que él había llevado a Chamorro junto a Peña, a fin de que esta la asesore en cuanto a la imagen comunicacional de su empresa de seguridad, ante el “quilombo mediático” en el que estaba metida la misma. Aseguró además no haber participado de ninguna conversación que estuviera destinada a frenar las publicaciones periodísticas sobre la licitación mencionada.
Posteriormente, según el periodista, Peña fue junto a él hasta el diario y le entregó un sobre con el dinero; aunque la comunicadora intentó decir que fue un error suyo, por entregarle el sobre equivocado, la sospecha quedó establecida, y a partir de allí y del audio que hizo conocer Lezcano, se generó una reacción de rechazo por parte de algunos sectores de la ciudadanía y en el mismo Senado se empezó a barajar la posibilidad de destituir al liberal, puesto que, según aseguran, lo denunciado en su contra demuestra un claro tráfico de influencias “fehacientemente comprobado”, tal como dispone el artículo 201 de la Constitución.
