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ASUNCIÓN.- La sentencia de la Corte Suprema de Justicia que anuló la sanción judicial contra 11 campesinos no solo deja impune el crimen a sangre fría de dos oficiales de policía sino también condena a la sociedad a pagar una indemnización importante por todo el tiempo que los indiciados estuvieron encarcelados.
De comprobarse la existencia de criterios políticos y no jurídicos en la sentencia, para congraciarse con un sector político que apoya a los campesinos, el perjuicio será grave en contra del Estado.
Los magistrados que beneficiaron a los 11 campesinos están postulados para ministro de corte y según Oscar Latorre, exfiscal general del Estado “sacan un fallo con características similares y hace lugar a la casación cuya consecuencia era en 99% de reenvío de la causa pero resulta que se ejecuta otro el fallo, es un tema que se debe analizar a profundidad” justamente en el momento que se estudian carpetas de candidatos para ministro de Corte”
Esta actitud para favorecer a una facción política inducirá sin dudas a una demanda al Estado por cientos de millones; y eso no es derrota de la Fiscalía, será de todo un país que deberá pagar.
