lunes , septiembre 16 2019
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Sería más fácil obedecer las leyes

No hay caso; los paraguayos somos “informales” por naturaleza. Es como si siguiéramos ese viejo dicho de “para qué hacer las cosas fáciles, si difíciles salen igual”. Nos encanta encontrar vericuetos por los que transitar para eludir las barreras policiales, los semáforos y las leyes, con el mismo entusiasmo y decisión, en todos los casos.

Si una persona, o un grupo político, económico o de cualquier tenor, tuviera sospechas de que entre la clase política y la judicial existía un intenso tráfico de influencias, y tuviera serios indicios de que para obtener prueba de ello bastaba con pinchar el celular de un funcionario del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, bastaba con que buscara a un juez honesto (alguno debe haber) y solicitado una orden suya para proceder a grabar las conversaciones del mismo.

En el supuesto de que esto no hubiera ocurrido, el medio de prensa que consiguió las grabaciones, obtenidas de modo ilegal, podría muy bien haber pedido la autorización de un magistrado que no estuviera involucrado en ninguna conversación –a esa altura, los periodistas del diario ya debieron haber escuchado todas las grabaciones- para que permitiera la emisión de dichos audios de manera pública. Eso solo hubiera bastado para que el proceso fuera legal y legítimo, y no se estuviera en este momento con el escándalo de que se están tomando como pruebas los productos del pinchazo telefónico al entonces secretario del JEM, violando todas las garantías constitucionales que obligan a respetar la privacidad de la gente.

Pero no, fieles al espíritu irreverente y profundamente desobediente a las reglas vigentes que tiene un sector de la ciudadanía, que insiste en vivir fuera de la ley, los periodistas del diario ABC emitieron las grabaciones de los pinchazos telefónicos a su antojo, sin que ningún juez competente lo haya autorizado.

Aunque, a lo mejor el motivo de esta poco feliz decisión del diario de Aldo Zuccolillo tenga otras motivaciones que el placer de violar la ley. Quizás lo que ocurre es que el patrón sigue sintiéndose por encima de las leyes y de la ciudadanía, y pensó que nada ni nadie evitaría que se saliera con la suya. O, posiblemente, jamás le interesó el hecho de que el caso de los fonopinchazos tuviera consecuencias judiciales para los involucrados; puede que, simplemente, toda esta campaña haya tenido la exclusiva intención de perjudicar la imagen de la ANR pocos meses antes de las elecciones, porque su deseo no es que los corruptos terminen en la cárcel, sino que el próximo presidente de la República sea el liberal Efraín Alegre, con quien parece que podrá recuperar todos los buenos negocios que le negó Horacio Cartes.

De todos modos, la ilegalidad parece ser la carta de presentación del grupo Zuccolillo, y prueba de ello es que jamás le interesó hacer las cosas bien, buscando autorización judicial para atacar a sus detractores políticos, con el ropaje de la “lucha contra la corrupción y la impunidad”.

Aunque, finalmente la Justicia decida rechazar los audios por ilegales e improcedentes, el objetivo estará logrado. Y eso es lo único que le importa al patrón de los medios de comunicación del país.

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