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La pirotecnia mediática y política que rodea al “caso Curuguaty” se encuentra en su máximo apogeo. Periodistas exaltados y dirigentes de izquierda se irguieron en jueces de un “juicio paralelo” que está en pleno desarrollo ante la opinión pública con el objetivo de embarrarla cancha, sembrar todo tipo de dudas y, así, restarle credibilidad a la legitimidad del proceso, tal como lo vienen haciendo desde hace un año, pero ahora con más fuerza. Lo peor de todo es que juegan en cancha libre, ante el mutismo de la Fiscalía y de los propios magistrados que emitieron la sentencia, así como de los organismos que tienen a su cargo la comunicación del Ejecutivo, blanco de ataques de todo tipo, por más que no tuviera “vela en el entierro”.
La situación nos recuerda a la estrategia utilizada en su momento por Lino Oviedo y el oviedismo, inspirada en una de las viejas fórmulas del propagandista del nazismo, Joseph Goebbels, según la cual lo importante es instalar la idea de que lo que se dice sobre un hecho es “como piensa todo el mundo”, creando una falsa impresión de unanimidad, aunque los que difunden el mensaje sean unos cuantos gatos locos. Y lo grave de esta historia es que si se salieran con la suya, el resultado sería la consagración de la impunidad, sentando precedente para otros casos, como el juicio oral que debe enfrentar Camilo Soares en febrero, por sus famosos “coquitos de oro”.
Los defensores de los ahora condenados, juristas o no, afirman que “todos” coinciden en que el juicio es nulo y que, consecuentemente, debe realizarse uno nuevo, lo cual de concretarse abriría las puertas a que el segundo sea calificado del mismo modo, si la sentencia no se ajustara a sus deseos, y a que en otras causas se procediera del mismo modo.
Oviedo hizo algo parecido cuando fue apresado y procesado por el Tribunal Militar de las Fuerzas Armadas. Dijo que sus decisiones eran nulas, pues su caso debía desarrollarse en la justicia ordinaria. Y así se hizo, pero, cuando ésta se expidió en el mismo sentido que el Tribunal, desarrolló una amplia campaña contra “la manipulación política del Poder Judicial”, convirtiendo en “nulas” sus decisiones. O sea, dado que el fallo no salió a su medida, había que desconocerlo…, como ahora.
Esa política destinada a restar toda credibilidad al proceso judicial, el Oviedismo acompañó de otra hasta si se quiere siniestra, pero mintiendo tan escandalosamente que hasta el presente algunos tienen dudas acerca de si Luis María Argaña no había muerto en el atentado o “en brazos de su amante” y si no fueron los propios “argañistas” los que asesinaron a los jóvenes que estaban en las plazas del Congreso durante el marzo paraguayo. Completamente descabellado, ¿no? Tan descabellado como la que sostienen quienes afirman que en Campo Morumbí los policías fueron asesinados por francotiradores que la misma Policía Nacional había desplegado en la zona.
Por último, en cuanto a comparaciones se refiere, tanto el “oviedismo”, como ahora el “luguismo”, eran poder cuando se produjeron los acontecimientos de la “semana trágica”, en el primero de los casos, y de “Curuguaty”, en el segundo. Pero vaya paradoja, ambos atacaron ferozmente a las instituciones encargadas de la seguridad del Estado, que estaban bajo el mando de ellos mismos.
Como dijimos antes, si los condenados y sus defensores consideran que la decisión es injusta o que los jueces y fiscales intervinientes obraron transgrediendo la Ley, tienen todo el derecho de recurrir a los canales institucionales previstos en nuestro ordenamiento jurídico. A lo que no tienen ningún derecho es a mentir, confundir, sembrar un mar de dudas e inventar “verdades” supuestamente unánimes; y menos aún a llevar adelante un “juicio paralelo” para burlar el Estado de derecho y dar riendas sueltas a la impunidad.
