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ASUNCIÓN.- Cuidado con lo que pides, porque se puede hacer realidad, dice el famoso refrán que puede cumplirse con el presidente de Brasil, Michel Temer, que en una extensa entrevista con el diario Folha de São Paulo, reiteró “No voy a renunciar”, para luego agregar “si quieren, que me derriben”. Y como si se tratase de una premonición, el mandatario brasileño está cada vez más acorralado.
Temer dijo esto tras la intensa crisis política en que el cargo del mandatario fue puesto en tela de juicio por una sucesión de denuncias de corrupción y obstrucción de Justicia. Para el jefe de Estado brasileño, las acusaciones que pesan sobre él no son más que fruto de una “conspiración”; y si renuncia sería como admitir culpas que él dice no tener.
El torbellino político en el que está sumergido el país partió de una grabación realizada por Joesley Batista, el dueño del frigorífico JBS, de su conversación con el presidente, ocurrida el 7 de marzo pasado en la residencia presidencial. Temer recibió al empresario, que ya era investigado en la Justicia por el caso de la “Carne débil”. La charla ocurrió en el sótano de la residencia oficial. La grabación realizada por Batista demuestra que Temer dio el visto bueno para el pago de sobornos al extitular de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha, preso en Curitiba.
Esas coimas debían servir para comprar el silencio del exparlamentario, que organizó y llevó adelante el impeachment contra Dilma Rousseff. El hombre sabe demasiado. Temer, además, cometió otro “desliz”. Le indicó a Joesley Batista que hablara con uno de sus asesores, el diputado Rodrigo Rocha para “arreglar” problemas con el gobierno por cuestiones económicas. Este legislador se mostró pronto a resolver las dificultades de Batista a cambio del cobro de coimas del orden de los 160.000 dólares semanales.
Son estos elementos los que determinaron a la Orden de Abogados de Brasil, la principal institución legalista brasileña, a presentar este lunes ante la Corte Suprema un pedido de impeachment contra el gobernante. Esta se sumará a otras 8 demandas de juicio político, presentados por distintos partidos ante el máximo tribunal.
