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ASUNCIÓN.- Ante la posible autorización de la Contraloría General de la República de autorizar a la Intendencia de Asunción la tercerización del cobro de impuestos, la oposición a Mario Ferreiro en la concejalía reiteró que “es inconstitucional, porque el artículo 155 lo prohíbe, es entregar la soberanía municipal a manos privadas y condenar la suerte de los asuncenos por incapacidad de la Intendencia de resolver el problema de la evasión”, dijo Orlando Fiorotto, concejal de Asunción por el Partido Colorado.
El edil, junto a colega Rossana Rolón, emprenden una fuerte campaña, pero tienen en frente al contralor general Enrique García, hombre de confianza de Ferreiro que utilizará la CGR para avalar la pretensión del jefe comunal.
El reclamo insiste en que el dinero de las recaudaciones no se puede utilizar para el pago de consultorías. “Ese no es el objetivo, eso es ilegal, aunque la Intendencia diga que solo el cobro se va a tercerizar”, destaca Fiorotto y agrega que “no se aclara como se pagará este servicio”.
Varios juristas dictaminan sobre la Ley que “la tercerización de la gestión tributaria municipal ubicará a la empresa contratada en la posición de poder definir el universo de contribuyentes, el objeto del tributo y el monto del mismo, todas estas funciones atribuidas por Ley a la Comuna y, por lo tanto, indelegables”.
Contra este dictamen, la CGR asegura que no encuentra impedimento alguno que evite la pretensión de la Intendencia.
Destaca un borrador de la CGR que “La Contraloría no encuentra impedimentos para el avance del proceso, en el marco de sus funciones que le otorgan la Constitución y las Leyes”. Cabe mencionar que el contralor fue uno de los más férreos impulsores de esta medida durante su gestión como asesor legal de la Municipalidad de Asunción.
La beneficiada tendrá un contrato de 10 años y recibirá el 50% del impuesto de los asuncenos, que a la fecha sería algo más de US$ 100 millones.
La intendencia de Luque soporta una situación similar, con la determinación de su Intendente de tercerizar el cobro de impuestos. Hasta el momento, sigue sin aparecer la empresa que debe ejecutar el proyecto.
Los ediles consultados aseguran que por donde se lo mire esta intención es totalmente inconstitucional. El plan dice que la consultora adjudicada deberá “diseñar, desarrollar e implementar un sistema informático integral que mejore procesos internos, la calidad y servicio de atención al contribuyente, ayude a sincerar los datos de contribuyentes, y se logre aumentar ostensiblemente la recaudación”, hechos que según los cuestionadores significa que se entrega al sector privado toda la autonomía municipal.
