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Escritora. Consultora Internacional en Desarrollo Sostenible.
La Ley 5527/15 ya benefició a 18.000 productores que refinanciaron sus deudas, ampliaron su financiamiento, recibieron capacitación y obtuvieron subsidio tecnológico para innovar en sus fincas. Ese instrumento, del cual deberían beneficiarse muchos campesinos más, está hoy en peligro porque con la nueva ley que pretende imponernos el Congreso, el país destinará recursos a subsidiar a los banqueros que otorgaron malos créditos en vez de subsidiar al campesino. Para colmo, pretenden que los que nos oponemos a que el Tesoro Nacional se subrogue la deuda campesina y pague el capital y todo tipo de interés (corrientes, punitorios y moratorios) a los acreedores financieros privados somos insensibles ante el clamor campesino.
El origen de la deuda
La crisis del pequeño productor rural es de larga data, pero el endeudamiento actual se originó entre 2008 y 2012, cuando entró mucho dinero al país porque los precios internacionales de la soja y otros alimentos subieron abruptamente. Ese dinero produjo un aumento súbito de liquidez en el sistema financiero. Si desde la conducción financiera del país se hubiese entendido lo que pasaba, se hubiera captado esa liquidez con instrumentos de ahorro de largo plazo (por ejemplo emisión de bonos en guaraníes para financiar obras de infraestructura tan necesarias). Pero no se hizo eso y las cooperativas, bancos y financieras colocaron los depósitos recibidos en operaciones de crédito de consumo y créditos comerciales. Vivíamos en el mejor de los mundos. Las importadoras nos ofrecían autos 0km sin entrega inicial a 60 meses. Las ensambladoras nos ofrecían motos sin entrega inicial. Los bancos nos regalaban tarjetas de crédito y nos ofrecían increíbles promociones para estimularnos a gastar. Claro que después nos cobraban intereses del 50% anual. Pero qué importaba, teníamos plata para gastar y los comercios vendían como locos!
Los pequeños productores rurales tampoco escaparon del acoso de cooperativas, financieras y bancos, urgidos por colocar sus fondos. No se fijaban si los vencimientos calzaban con los ingresos que generaba la actividad económica del productor. No les interesaba que tuviesen una tecnología adecuada ni contratos de comercialización. Simplemente se fijaban si eran propietarios y si no estaban en Inforconf, y les cobraban intereses bien altos, del orden del 40%, así, si el 30% de los créditos no se recuperaban ganaban 10 en lugar de 40, pero lo mismo ganaban.
También ofrecían crédito al campesino los vendedores de muebles y electrodomésticos, de celulares, de motos y hasta los macateros. Pero había más, porque también llegaban las remesas de las mujeres y de los jóvenes que habían ido a España cuando Nicanor suspendió el subsidio al algodón y miles de asalariados y pequeños productores rurales quedaron sin renta. Había tanto circulante!
El inicio de la crisis
El problema empezó en 2013 cuando el precio de la soja empezó a caer, disminuyó la liquidez, disminuyeron las ventas y empezaron a regresar los migrantes huyendo de la crisis española. Y los deudores terminaron prestando plata de usureros para bicicletear sus deudas.
En 2014 había varios miles de pequeños productores rurales morosos. Los altos intereses hacían crecer aceleradamente sus deudas impagas. Los bancos, financieras y cooperativas vendían estas deudas a empresas gestoras de cobranzas. Y empezaron los juicios, los embargos y las sentencias de remate. Miles de compatriotas corrían el riesgo de perder sus propiedades. La crisis campesina camuflada por la liquidez transitoria regresaba con más fuerza, dejando en evidencia los problemas de fondo: ausencia de tecnología productiva, dispersión y alejamiento de los mercados, dependencia de los intermediarios y de las inclemencias del clima. Todas cosas muy objetivas pero que en la práctica significaban hambre, desnutrición, enfermedad, desesperación y riesgo de muerte para miles de compatriotas.
