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El diputado liberal Víctor Ríos cobra casi 70 millones de guaraníes entre su sueldo como legislador y como rector de la Universidad Nacional de Pilar. Aunque dice estar amparado por la ley, esto no es cierto puesto que su cargo en la casa de estudios es administrativo, y la Constitución permite sólo el ejercicio de la docencia a diputados y senadores.
ASUNCIÓN.- La situación irregular de Ríos en la Universidad Nacional de Pilar (UNP) viene de hace varios años, cuando fue denunciado, primero ante la Fiscalía y luego ante el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) por acaparar cargos en la casa de estudio y ocupar el puesto de rector, con un salario de más de 35 millones de guaraníes, mientras ocupa una banca en la Cámara de Diputados.
En el 2013, un grupo de profesores y alumnos le denunció por malos manejos en la universidad, pero debido a que el Ministerio Público no manifestó ningún interés en abrir una investigación, los denunciantes recurrieron al Cones, organismo que dictaminó en contra de Ríos y su permanencia en el cargo de rector, además de ordenar la intervención de la universidad.
Pero el diputado no se quedó tranquilo y recurrió a la Corte Suprema de Justicia para que detenga la intervención. Y allí está el pedido, aún en mesa de entrada, a causa de lo cual el hombre sigue tan campante en el cargo y, lo que es más importante, percibiendo sus 35 millones mensuales, los que, sumados a lo que cobra en la Cámara de Diputados, alcanza casi 70 millones.
El abogado José Mora, uno de los denunciantes, explicó todo el proceso seguido y dejó entrever la impotencia que sienten puesto que, a pesar de haber seguido todo el proceso correcto, no lograron frenar el abuso de este legislador, que fue el proyectista de la eliminación de los beneficios de los funcionarios públicos.
Mora explicó que Ríos viola la Constitución, que dice que un legislador sólo puede dedicarse a la docencia.
“El rector es diputado nacional, y ese cargo administrativo figura allí como que es un cargo docente, pero el cargo de rector es en realidad uno administrativo y no es compatible con el de un legislador. La Ley prohíbe eso”.
En cuanto a los casi 70 millones de guaraníes que el liberal percibe mensualmente, dijo que “es una locura, es una afrenta a la necesidad de la gente pobre, de los universitarios del interior que ni tienen para su pasaje para ir a estudiar. Después dicen que no se pueden hacer ampliaciones presupuestarias, pero estos salarios hablan por sí solos”.
