ADN Digital
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Los avances tecnológicos permiten transmisión de datos e información “en tiempo real” y la masificación del acceso a instrumentos de recepción, hacen que podamos acceder a cualquier tipo de noticia, desde cualquier parte del país y el mundo, inclusive, en nuestros teléfonos celulares. Ello ha permitido –del mismo modo– que nos convirtamos en periodistas y reporteros, produciendo y difundiendo información, utilizando los mismos instrumentos.
La era digital ha tenido un gran impacto en la sociedad, produciendo una suerte de “democratización” de la información periodística, con ventajas y desventajas, pues nadie puede poner en tela de juicio los beneficios que representa la posibilidad de hacer efectivo aquello que nuestra Constitución proclama en el su Art. 26, que al garantizar la Libertad de Expresión y de Prensa, dispone: “…Toda persona tiene derecho a generar, procesar o difundir información, como igualmente a la utilización de cualquier instrumento lícito y apto para tales fines…”.
Frente a sus ventajas, aparecen los riesgos. La difusión de información incorrecta, falsa o tendenciosa, tal como ha ocurrido hace algunas semanas, cuando circuló la noticia de que un banco de plaza se encontraba ante dificultades que lo ponían al borde de ser intervenido por el Banco Central. Y no es que sea la única, pero por las consecuencias que pudo haber generado, quizás sea la más relevante.
El “microclima” generado por la información difundida a través de medios digitales y redes sociales, tiene efectos poderosos, tanto para enervar la sensación de inseguridad ciudadana, como para procurar restablecerla.
Pero, debemos distinguir claramente la diferencia fundamental existente entre “sensación de seguridad”, con índices reales de seguridad o violencia, para procurar un análisis serio de la situación planteada en los últimos tiempos, que nos permita contar con diagnósticos de base científica, válidos para encarar planes y proyectos efectivos de prevención y combate a la delincuencia común, devolviendo a la sociedad, tanto la seguridad, como la sensación de seguridad en las calles.
Que los órganos policiales se vean superados por la ola de delitos violentos, que se registran cotidianamente, no es un fenómeno reciente. No tiene causas próximas, sino remotas, y no se habrá de lograr soluciones, si no son identificadas, encaradas y combatidas, por las autoridades responsables del área, y las reacciones espasmódicas o emocionales, antes de encaminarnos a la solución, en el mejor de los escenarios mantendrán la situación tal como se encuentra, pero no lo resolverá.
El endurecimiento de penas, no tendrá ninguna incidencia, ni servirá para restablecer la seguridad ciudadana, cuando el sistema judicial ha demostrado su incapacidad para procesar a sospechosos de los hechos de violencia callejera dentro de un “plazo razonable”, manteniendo a cerca del 80% de los recluidos en nuestras cárceles, casi 10.000 procesados en prisión, a la espera de juzgamiento.
Tampoco podrá pensarse en la disminución de la delincuencia, si los responsables de los órganos policiales no encaran decididamente, y con seriedad la moralización de sus filas y el combate a la corrupción, expulsando de sus filas a quienes utilizan el uniforme para cometer sus fechorías, convirtiéndose en verdaderos “peajeros”.
El caso de la joven Tanya Villalba, que fuera detenida en un “procedimiento de control”, por policías al servicio de delincuentes, pretendiendo “plantar droga” entre sus pertenencias, con absoluta crudeza, desnuda varios aspectos, a saber: El nivel de permeabilidad en las institución policial, a cuyo amparo se forman escuadrones criminales, lo que evidencia que no se trata de un problema puntual que afecte a uno o alguno de sus miembros, sino –por el contrario– se constituyen en organizaciones enquistadas en su estructura.
Otro aspecto, no menos relevante, es la demostración de espíritu corporativo demostrado por la institución policial, que desde su Departamento de Relaciones Públicas, la Comisario Elisa Ledezma proclamó “el derecho a la presunción de inocencia” de los sospechosos.
La presunción de inocencia, proclamada por Ledezma en beneficio de sus camaradas, es la misma que reclamamos los ciudadanos sometidos a “controles preventivos” por las mismas autoridades que exigen sobornos o “plantan” evidencias. Es la misma que las autoridades policiales violentan cuando presentan como culpables, ante los medios de prensa, a los aprehendidos. Es la misma presunción de inocencia que violentan cuando afirman que jueces y fiscales otorgan libertad a “delincuentes”.
Peor aún, la Policía Nacional ha puesto “paños fríos” sobre el caso, con la eficaz colaboración del Ministerio Público, quien se ha llamado a silencio, luego de pasado el momento de estridencia mediática, y hoy, a casi un mes de los hechos, no sabemos de los avances de la investigación. Ni siquiera sabemos si la “droga plantada” era efectivamente tal, ni su grado de pureza.
Tanya Villalba ha demostrado acabadamente el valor de la tecnología puesta al servicio de la comunicación, la información y la justicia. Mientras, la Policía ha demostrado que la corrupción, ineptitud y la inmoralidad, florecen en la institución, gracias a la “camaradería” de sus autoridades, y la complicidad de la Fiscalía.
Hasta tanto la Policía Nacional no se depure, y el Ministerio Público no cumpla con su papel de representar a la sociedad ante el Poder Judicial, la inseguridad callejera, al igual que la sensación de inseguridad, seguirán en aumento.
