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ASUNCIÓN.- Recurrir a la muletilla de que la denuncia del abogado de Cucho Cabaña no tiene más que la intención política de perjudicar la imagen del presidente de la República, es optar por la vía más fácil, pero no la más veraz ni conveniente, especialmente para el gobierno. Hace años que el financiamiento de la narcopolítica en las campañas electorales es motivo de análisis, discusiones y proyectos, así que el tema, por su delicadeza, debe ser tratado con seriedad y sin ser salpicado por ningún internismo político.
Desde que en el 2014, Arnaldo Giuzzio y Arnoldo Wiens denunciaran la existencia de narcopolíticos en las cámaras del Congreso y en otros altos estamentos del Estado, se puso en la palestra la necesidad de combatir el dinero sucio en las campañas electorales, aunque, hasta ahora no pasó más que de buenos discursos y promesas incumplidas. La verdad es que las veces que se intentó modificar la Ley de Financiamiento Político, estableciendo duros controles para que las mafias dejen de apoyar a los candidatos a cargos electivos, legisladores de todas las bancadas encontraron la forma de postergar el tema o aligerarlo lo suficiente para que las modificaciones introducidas no sirvan para nada.
Esta vez hay una denuncia concreta, grave y muy delicada, ya que está en juego la posibilidad de que la campaña del presidente de la República haya estado financiada por dinero sucio. Un hecho de esta envergadura no puede ser ignorado ni desechado alegremente con el argumento de que es una persecución política. Es más, la política no puede salpicar ningún elemento de investigación.
