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El presidente brasileño, Michel Temer, afirmó ayer que tiene una “preocupación mínima” por la denuncia por corrupción presentada en su contra por la Fiscalía, la cual aseguró que es “una pieza de ficción” sin “fundamentos jurídicos”. Este fue el primer pronunciamiento del mandatario desde que, este lunes, la Fiscalía presentó al Supremo Tribunal una denuncia en su contra por el supuesto delito de corrupción pasiva, apoyada en confesiones que han hecho directivos del grupo JBS, que lo involucran en diversas y graves irregularidades.
BRASILIA.- El presidente convocó a los periodistas al Palacio presidencial de Planalto para un pronunciamiento en el que declaró que tiene “un respeto absoluto por el Poder Judicial”, pero que la denuncia de la Fiscalía está basada solamente en “supuestas pruebas ilícitas” y en “hilaciones” ajenas a la verdad.
Temer se convirtió en el primer mandatario en la historia del país en ser acusado por la Fiscalía, en pleno ejercicio del poder, por un delito penal, en medio de una crisis política e institucional que no tiene límites.
Los delitos practicados “poseen un alto grado de reprobación, causan conmoción social, descrédito, además de ser capaces de producir intranquilidad social y descreimiento de la población, víctima inmediata de la práctica delictiva”, recogió la denuncia, de 64 páginas, firmada por el fiscal general, Rodrigo Janot.
El texto fue presentado a última hora del lunes al juez Luiz Edson Fachin, instructor del caso en la Corte Suprema, quien decidirá si lo remite a la Cámara de Diputados para que se pronuncie. Para ser avalada, la denuncia tendrá que ser aprobada por al menos dos tercios del pleno de la Cámara de Diputados, donde Temer conserva, por el momento, una amplia mayoría.
En caso de que los diputados autoricen la denuncia, la Corte Suprema analizaría el tema en su pleno y, de secundar la decisión de la Cámara Baja, Temer sería suspendido de sus funciones durante un plazo de 180 días.
El delito de corrupción pasiva está castigado en Brasil con pena de prisión de entre 2 a 12 años más una multa económica, siempre en caso de condena.
UN NUEVO PROCESO DE INCERTIDUMBRE
Es la primera vez que un mandatario brasileño en pleno ejercicio del poder es acusado formalmente de haber cometido delitos de tipo penal.
En caso de que el juez Fachin considere procedente la denuncia, la decisión final será tomada por la Cámara de Diputados, que la analizará primero en la Comisión de Constitución y Justicia y luego en el pleno del órgano legislativo.
Si los diputados avalan la denuncia con una mayoría de dos tercios del pleno, Temer sería suspendido de sus funciones durante un plazo de 180 días y su vacante sería cubierta en forma interina por el presidente de la Cámara Baja, Rodrigo Maia.
Si finalmente es condenado, en un plazo de 30 días Maia debería convocar a las dos cámaras legislativas para elegir en forma indirecta a quien completaría el período presidencial, que concluye el 1 de enero de 2019.
Sin embargo, todo eso quedaría en nada si la Cámara rechaza la denuncia. Ante ese escenario, el Tribunal Supremo se vería obligado a archivar el caso y el presidente continuaría en el poder.
Los legisladores del oficialismo confían en que tienen los votos necesarios para evitar que se consiga la mayoría de dos tercios.
