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El toma y daca es una constante en la administración del Estado. Jueces que negocian sentencias, fiscales que dejan de imputar a cambio de alguna dádiva, o legisladores que presionan a funcionarios públicos que pueden ser sometidos a juicio político, buscando algún tipo de ventaja.
El proceso de juicio político a ministros de la Corte Suprema de Justicia se inició en el 2014, cuando fue aprobado el libelo acusatorio en Diputados, y desde entonces, el expediente permaneció dormido en el Senado hasta el año pasado. En principio, eran tres los magistrados acusados, Óscar Bajac, Sindulfo Blanco y César Garay. En ese momento, representantes de los 3 poderes del Estado se habían comprometido públicamente con la ciudadanía a que ese era el primer paso para la renovación total de la justicia.
Pero pasó el tiempo y Bajac se jubiló, gozando de todos los privilegios que tenía como ministro supremo, a pesar de las graves denuncias que Diputados había presentado en contra suya. Recién el año pasado, con la asunción de nuevos legisladores, se desempolvó el libelo acusatorio en contra de Blanco, a fin de que no ocurra lo mismo y se logró que fuera destituido pocas semanas antes de su jubilación. De Garay nadie se acordó y, nuevamente, su enjuiciamiento fue postergado, al igual que el del contralor Enrique García, que fuera presentado hace más de un año.
Siempre se dijo que, en el caso de los ministros de la CSJ, el juicio era postergado una y otra vez porque había senadores que tenían ellos mismos o sus parientes, casos en el Poder Judicial, y que utilizaban esto para chantajearles y conseguir sentencias favorables o beneficios en sus respectivos procesos. Muchas veces se dijo que una de las que más hacía uso de esta presión era Desirée Masi, ya que su marido está imputado por lesión de confianza de cuando fue ministro del Interior, y su causa lleva años sin que hasta ahora se haya llegado a juicio oral.
Aumentaba la sospecha el hecho de que Masi fuera una de las que más se opuso a que se iniciara el juicio a los ministros, inventando miles de excusas, como que la renovación debía ser completa porque de lo contrario se cambiarían nombres pero continuaría el viejo esquema. Nunca pudo explicar por qué le parecía mejor no hacer nada que empezar a dar el primer paso para el cambio.
Como es justamente Garay el que tiene el expediente de Rafael Filizzola, parece tener lógica que se siga postergando su enjuiciamiento. Y a esto se suma ahora el caso del contralor, a quien, dicen las malas lenguas, también se está chantajeando para evitar la realización de su juicio. Cargos para operadores, dinero, beneficios, cualquier cosa vale a la hora de “salvar” a alguien sospechoso de haber cometido un delito, para que continúe en el cargo del cual se aprovechó en beneficio propio.
Afortunadamente, parece que entre los “nuevos” hay algunos senadores a los que les preocupa lo suficiente la imagen de la cámara como para exigir que se cierren los procesos y se deje de alimentar los rumores, sean estos ciertos o falsos. Integrar una cámara de chantajistas y avivados no es algo que entusiasme a algunos de ellos, lo cual puede terminar siendo un gran beneficio para todos, puesto que se podrían corregir costumbres antiguamente torcidas que son casi una regla en las cámaras del Congreso.
La posibilidad de que la semana pasada se calendaricen los juicios políticos de Garay y García es positiva y, esperemos, se concrete el lunes en la reunión de la mesa directiva del Senado. Será un paso muy importante para terminar con el chantaje y la vergüenza.