Miguel Cuevas, presidente de la Cámara de Diputados.
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Para trabajar en Diputados: Ser compueblano de Cuevas

Con un tono hos­til, principalmente contra los periodis­tas del canal GEN y del diario La Nación, Miguel Cuevas se vio obli­gado a responder sobre los nombramientos que hizo el pasado viernes en la Cámara de Diputados. Rodeado de micró­fonos, cámaras y periodistas, el titular de la Cámara Baja aseguró que conoce a los funcionarios que nom­bró porque son “de su con­fianza”. Un grupo de “hurre­ros” lo esperaba a metros de donde ofreció su improvisada conferencia.

ASUNCIÓN.- En un primer momento, Miguel Cue­vas dijo que no sabía que uno de ellos tenía vinculación con la fiscal que lo inves­tigó. En otro momento, le restó importancia al hecho.

“Y qué tiene, qué tiene que ver que sea esposo de la asistente. La fiscal es la que decide las cosas, la que toma las deci­siones. Dejen de ser usados, dejen de decir mentiras”, espetó Cuevas, visiblemente irritado ante las consultas periodísticas.

Un dato no menor es que ambos funcionarios, al igual que los 52 nombra­mientos que ya hizo Cue­vas, no hicieron concurso de oposición para acceder como directores.

El 30 de junio del 2018, Miguel Cuevas asumió como presidente de la Cámara de Diputados. En ese entonces, el alto funcionario estaba siendo investigado por la Fiscalía de Paraguarí a raíz de una denuncia del concejal de Ybycuí Ezequiel Cáceres, quien denunció un faltante de G. 40 mil millones en la Gobernación de Paraguarí durante la gestión de Cuevas (2013-2017). Las pesquisas ya estaban por definirse para esa fecha. La fiscal  Pereira no encontró dolo en la admi­nistración de Cuevas y el 2 de julio solicitó al juez de Garan­tías Blas Francisco Cabriza su intervención. El magistrado decidió desestimar la denun­cia ante las pocas evidencias mostradas por el Ministerio Público.

En el mismo mes que se die­ron estas decisiones fiscales y judiciales, Cuevas nombró como “director de Asuntos Legislativos” de la Cámara a Alex Damián Aguirre Jara. Se trata de un funcionario que hasta mediados del añopasado estuvo trabajando como funcionario judicial de la Circunscripción de Para­guarí, justamente bajo las órdenes del juez Cabriza, el mismo que terminó desesti­mando la causa contra Cuevas.

También en julio, el exgober­nadorde Paraguarí nombró a Juan Gabriel Espínola Vega como “directorde Proyec­tos en Estudio” de la cámara. Espínola Vega es esposo de María Liz Alcaraz, asistente de la fiscal Sonia Pereira en Paraguarí, la agente que lleva adelante la investigación del caso que involucra a Cuevas.

PERSECUCIÓN POLÍTICA

Para Cuevas, la serie de publi­caciones que vienen haciendo GEN y el diario La Nación sobre las denuncias en su con­tra obedece exclusivamente a una persecución política por parte del expresidente Horacio Cartes. El titular de la Cámara Baja aseguró además que su gestión como gobernador no tuvo ninguna irregularidad y que todo lo que se publicó hasta ahora en su contra no tiene asidero.

REAPERTURA DEL CASO

Ante las publicaciones que saltaron en GEN y La Nación desde la semana pasada con­tra la gestión de Cuevas en la Gobernación de Paraguarí, la fiscal Pereira pidió que se revoque el pedido de deses­timación del proceso contra Miguel Cuevas que firmó el juez Cabriza.

Las publicaciones exponen situaciones muy llamativas como, por ejemplo, la presen­cia de facturas comerciales con mismo número y tim­brado, pero que fueron utili­zadas por la Gobernación para entregar a organizaciones campesinas como “aporte” para diferentes programas dedesarrollo. Sin embargo, esos documentos comerciales no son reconocidos como origi­nales por las casas comercia­les que supuestamente expi­dieron esos comprobantes.

Posteriormente, se sumaron más denuncias contra la ges­tión de Cuevas en la Gober­nación, como la que presentó el concejal de Ybycuí, Eze­quiel Cáceres, que pidió ofi­cialmente que el Ministe­rio Público revise u ordene revisar todos los cheques emitidos por la goberna­ción durante la administra­ción de Cuevas (2013-2017) entregados a organizaciones de diferentes sectores, pero que no tienen consistencia a la hora de rendir cuentas sobre el dinero desembol­sado. Solamente en el 2017, la Gobernación destinó unos G. 2.000 millones a organi­zaciones sociales o civiles sin fines de lucro, según el balance.

DECLARADO ‘PERSONA NO GRATA’ POR ACTOS DE CORRUPCIÓN

El titular de la Cámara Baja, Miguel Cuevas, fue declarado por la Junta Municipal de Quiindy como “persona no grata”, y lo que originó el repudio público fueron los “actos de corrupción en la esfera de la administración pública”.

Las denuncias e irregularidades en su contra son por supuestas irregularidades durante su administración como gobernador de Paraguarí (período 2013-2018). La resolución argumenta que varias obras en dicha localidad, durante la gestión de Cuevas, fueron construidas con “mucha deficiencia”.

Los concejales instan además a luchar en todas las formas contra “el mal de la corrupción” por el grave perjuicio que ocasiona a toda la sociedad paraguaya.

Este pronunciamiento no es por una nimiedad, por lo tanto, lo que corresponde es darle seguimiento al tema y activar las investigaciones que correspondan a fin de que Cuevas responda ante los organismos jurisdicciones.

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