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El pasado miércoles, el presidente Mario Abdo Benítez, por Decreto Nº 492, designó a Carlos Adolfo Arregui Romero como asesor en las áreas de Transparencia e Integridad de la Presidencia de la República.
Su primera misión y tal vez la única es ocuparse de los dos meses de gestión de Patricia Samudio en Petróleos del Paraguay (Petropar), aunque también indican que auditará los 5 años del periodo anterior. Y si eso es verdad, lo más probable es que se empeñe en desacreditar a la administración anterior.
¿Qué posibilidades hay de que se llegue al fondo de la cuestión, en el caso de Patricia Samudio? Al parecer ninguna, porque es evidente que el jefe de Estado, lejos de pensar en la transparencia, buscará “blanquear” la aparente desastrosa gestión de la amiga de su esposa.
Claramente se observa escasa expectativa sobre la labor que desempeñará Arregui y para esa situación se presentan dos razones fundamentales. Primero, se nombra auditor amigo, para auditar a la amiga. ¿Habrá imparcialidad en el control?, porque todo indica que se busca “blanquear” a la Samudio, porque al parecer se le viene la noche. Existen serios indicios de una descomunal corrupción.
Si se logra “blanquear” la gestión de la titular de Petropar, se evitará también los comentarios antojadizos, que pueden afectar a la Primera Dama. Lo mínimo que se podría hacer es poner en vigencia aquel famoso dicho “dime con quien anda y te diré quién eres”. La presidenta de Petropar es muy amiga de la Primera Dama.
En segundo lugar, hay que decir la desconfianza se instala en Carlos Arregui, por sus antecedentes. Fue denunciado por “panillero”. El senador Enrique Bacchetta lo acusó en su momento que “no tuvo objetividad en su actuación como fiscal”, en el caso de Víctor Bogado y agrega que es “responsabilidad del fiscal Arregui” que la investigación no prospere.
Y esa falta de objetividad en sus funciones, entonces fiscal adjunto, le llevó a Carlos Arregui a quedar fuera de la administración de Justicia.
Se hizo concejal de Asunción en el 2015 y en sus narices se tramitaron las contrataciones de nuevos funcionarios en la Junta Municipal y se habló de una erogación de US$ 120.000.000 cada año del contribuyente asunceno.
Cuando trascendió en la prensa el “robo” al pueblo, en la Municipalidad de
Asunción, Arregui pidió la lista de contratados, pero para zafarse de la responsabilidad denunció supuesta amenaza de muerte.
Ojalá, ahora en Petropar no lo “amenacen” de vuelta, porque si ocurre eso, no encontrará ninguna irregularidad y hasta puede pasar lo contrario, terminar su auditoría felicitando a Patricia Samudio.
El nuevo asesor del gobierno, Arregui, se vinculará con todos los organismos y entidades del Estado en las áreas de su competencia, según establece el decreto. En el mismo también se menciona que se le otorgan el rango, los honores y las prerrogativas de los ministros del Poder Ejecutivo.
El documento no menciona lo que pasará con el Ministerio Público, la Contraloría General de la República, el Tribunal de Cuentas, Auditoría del Poder Ejecutivo, organismos de control del Congreso, etc.
Hay que decir, con respecto al Ministerio Público, que su titular no es “santa de devoción” de Abdo Benítez. Él rechazó el nombramiento de Sandra Quiñónez como fiscal general del Estado. Aunque después se vio obligado a aceptar, porque necesitaba el apoyo de Honor Colorado, cuando estaba en proselitismo para las elecciones del 20 de abril.
Y volviendo a la desconfianza sobre la gestión de Arregui, es por sus antecedentes. Cuando asumió el cargo de concejal de Asunción, seguía en la planilla del Ministerio de la Defensa Pública como asesor y su dieta era de G. 14.918.750.
La denuncia fue realizada por el hoy diputado Basilio Núñez. “A Carlos Arregui le recomendaría que denuncie también el por qué cobraba en el Ministerio de la Defensa Pública sin ir a trabajar. Luego de salir de la Fiscalía siguió cobrando ahí por más de un año, e incluso hasta llegó a cobrar cuando era concejal. Figuraba en la planilla, pero no se quejaba”, dijo Núñez.
Mientras que José Casañas Levi, hoy director de la Unidad Anticorrupción del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), acusó a Arregui, cuando era fiscal, que cometió una falta grave al violar la ley orgánica y el reglamento interno de la Fiscalía, al rectificar una denuncia contra su cliente, entonces rector de una universidad privada, Juan Manuel Marcos, político liberal y fue senador.
Por antecedentes como estos, Arregui no salió por la puerta grande del Ministerio Público y es obvio que su honestidad se ponga en tela de juicio y se incrementa la desconfianza cuando proviene de la escuela, o mejor dicho, del partido de Rafael Filizzola y Desiree Masi.
A esa persona le nombra el presidente y dice: “Mi compromiso es con la
transparencia y no vamos a parar hasta lograrlo” y justificó que conversó con Arregui “porque es una persona reconocida por su lucha anticorrupción, que lidere un equipo que analice y audite lo actuado en Petropar, no solo los últimos cinco años, sino estos dos meses de gestión”.
Puso la mano en el fuego el presidente y es casi un hecho que se queme.
