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ASUNCIÓN. La investigación de declaraciones juradas a ministros serán extensibles a todos los funcionarios públicos (parlamentarios, policías, militares, jueces, etc.) de altos cargos y aleatoriamente de menores rangos. Esto señaló el director de Declaraciones Juradas de la Contraloría General de la República, Armindo Torres.

El proyecto que dio origen a la ley que exige a la Contraloría a investigar a las declaraciones de todos los funcionarios públicos (incluyendo al presidente de la república), se presentó y concretó el año pasado, confirmó Torres.

“El trabajo va a continuar y se dirigirá a todos los funcionarios que están dentro de lo que establece el pedido (en base a la ley) del Congreso”, expresó Armindo Torres a la emisora 1080 AM Monumental.

El mismo explicó que los primeros seis casos que afectaron a ministros (a los que detectaron falsedad en sus declaraciones) revelaron “inconsistencias” que serán remitidas a la Fiscalía para determinar el grado de dolo que tienen.

Cuando se le preguntó ejemplo de que tipo de inconsistencia se perpetraron, citó el caso de la ministra de la mujer, Nilda Romero, que presentó diferencias muy pronunciadas.

“Desde el 2015 aumentó considerablemente su patrimonio, no sabemos si por plusvalía o mejoras. La diferencia patrimonial aumentó de 1.200 millones a 8.000 millones de guaraníes”, expresó Torres.

En el caso del presidente de la república, dijo el funcionario, no se detectaron irregularidad alguna.

Los ministros que están la lista de irregulares son Eduardo Petta, Nilda Romero, Carla Bacigalupo, Mario Varela y Dany Durand, además del exministro Denis Lichi.