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La mayoría de los miembros de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que analiza la apertura de un juicio político a la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, defendió la continuidad del proceso en el debate de poco más de trece horas que concluyó en la madrugada de ayer. El lunes se empezará a definir el futuro de la mandataria brasileña, protegida de Luiz Inácio Lula Da Silva.
BRASILIA.- El informe que se debatió en el parlamento fue presentado por el diputado Jovair Arantes, quien consideró que existen méritos jurídicos para avanzar hacia la destitución de Rousseff por maniobras fiscales ilegales. Estuvieron presentes 116 diputados pero solo 61 pudieron hablar.
Por la cantidad de inscriptos, el presidente de la comisión, Rogério Rosso, decidió continuar durante la madrugada con el debate que se prolongó hasta casi las 05:00. Por lo avanzado de la hora, el presidente decidió acortar el tiempo de exposición de cada diputado de 15 minutos a tan solo tres minutos para que los últimos registrados hagan uso de la palabra.
La diputada Jandira Feghali, del Partido Comunista do Brasil (PCdoB), defendió con fervor a Rousseff y descalificó el informe de Arantes. “Es un informe ilegal, que introduce cuestiones ajenas a la acusación y páginas y más páginas de análisis político” expresó la diputada y alegó que citar asuntos que no forman parte de la acusación “cercena el derecho a la defensa” de Dilma Rousseff.
“Aquí no estamos analizando la crisis económica ni la popularidad de la presidenta”, dijo Feghali y que “en esas condiciones, si finalmente se llega a un destitución, el gobierno que surja será totalmente ilegítimo”.
Por parte de la oposición, las frases fueron todavía más duras.
“La sociedad en las calles pide que se ponga fin a este gobierno malandro” declaró el diputado Wanderlei Macris, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) y aseguró que la acusación contra la presidenta está más que probada.
El diputado opositor dijo que Dilma Rousseff tiene “un nivel de rechazo nunca visto en la historia del país” y que la tasa de aprobación del 10% expuesta en las encuestas refleja la “corrupción desbocada” que “asusta” a los brasileños.
Macris sentenció que “lo peor que le puede pasar al país es que Rousseff siga en el poder”, sus palabras recibieron la ovación de la oposición y abucheos del oficialismo.
La comisión especial formada por la Cámara de Diputados tiene 65 miembros titulares y 65 suplentes, y cualquiera de los 513 diputados puede solicitar la palabra aunque no pertenezca a ese cuerpo colegiado.
El diputado Evair de mello comparó la situación de Rousseff con la del papa Benedicto XVI que debió renunciar a tan alto cargo por cuestiones que lo excedían. Dijo que está “disgustado” por los trucos que utiliza el gobierno para tratar de defender a la presidenta.
Por el lado del oficialismo, el diputado Arlindo Chinaglia se manifestó en contra de la destitución y dijo que no hay ninguna evidencia firme de la participación de la presidenta en las transacciones de los bancos públicos.
Dilma desvió un cambio (dinero) para su propio bolsillo” acusó José Carlos Aleluia y dijo que la presidenta no es digna ni honrada porque montó un esquema de corrupción que ahora se investiga.
“Llegamos a esta situación porque quienes ganaron la elección no tuvieron la humildad de reconocer que ganaron en un país dividido y no buscaron un gobierno de unidad nacional. Y los que perdieron no se resignaron a la derrota y solo pensaron en su ambición política” resumió el diputado Leonardo Picciani.
Si el informe es aprobado por mayoría simple en esa comisión, es remitido al pleno de la Cámara de Diputados y debe obtener 342 votos, mayoría calificada de dos tercios, para que prosiga. En caso de que eso no suceda, la causa es archivada de inmediato.
Si los diputados aprueban el avance, el proceso pasará al Senado que necesita la mayoría simple de sus 81 miembros para iniciar el juicio político.
Rousseff está acusada de incurrir en maniobras contables ilegales, modificar presupuestos mediante decretos y el uso indebido del dinero público. Por su parte el gobierno niega las acusaciones y califica al proceso como un intento de golpe de estado.
