Martes , septiembre 25 2018
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Hace tres semanas, el Senado opera con dos miembros “mau”

Mirta Gusinky y Rodolfo Friedmann, ocupantes “mau” del Congreso.
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ASUNCIÓN.- La decisión de investir como senadores de la Nación a los ciudadanos Rodolfo Friedmann y Mirtha Gusinky fue tomada única y exclusivamente por Fernando Lugo. Un acto que podría considerarse como un “terrorismo en contra del ordenamiento institucional y legal del país”. Él, Lugo, pasó por encima de la Constitución Nacional, donde se ordena claramente que el que debe elegir es el pueblo y el que debe proclamar al que fuera electo es el Tribunal Superior de Justicia Electoral; no, Fernando Armindo Lugo Méndez.

Sin embargo, y esto es lo que resulta bastante llamativo, hasta podría confirmar la tesis de que el entonces presidente del Congreso tomó esa decisión unilateral apoyado por sus silenciosos colegas; porque salvo pocas excepciones, el grueso de los parlamentarios, junto con los dos “mau”, ya siguieron con normalidad sus actividades como si nada de irregular hubiera pasado.

Las decisiones que tomen los 43 senadores más los otros dos, podrían tener fuerza de ley, y por ende, revestir la característica propia de coercitividad y por lo tanto, obligar a todo el país. Sin embargo, al parecer no les interesa que se promuevan acciones de inconstitucionalidad contra estas decisiones, porque serán tomadas también por personas que están usurpando funciones que no les corresponden.

Y ya pasaron al menos tres semanas de aquel acto y se nota que no existe interés de volver a las vías constitucionales. El Senado sesiona con normalidad, y da el mensaje de que el criterio político está por encima de la Constitución Nacional. No importa lo que ésta ordene cuando los intereses políticos van en otro sentido.

Con esto se genera una situación de riesgo, que de haber sucedido en otro país, ya se hubieran encendido las alarmas. Sin embargo, la “realpolitik” evidencia un ordenamiento valorativo distinto. Siendo así, el Estado de derecho ya cuenta con certificado de defunción y les estamos diciendo a los demás, que en Paraguay, no existen garantías ni seguridad jurídica. El efecto a futuro de esta situación normalizada por nuestros senadores podría ser devastador.

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