Lunes , noviembre 12 2018
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TSJE debería expedirse sobre decisiones del Senado con los dos “truchos”

Rodolfo Friedmann juró en vez de Cartes y Mirta Gusinky en lugar de Nicanor
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ASUNCIÓN.- En Paraguay, el Estado de derecho entró en una crisis y la luz al otro lado del túnel apenas se vislumbra. La crisis comenzó con la decisión puramente política del entonces presidente del Senado, Fernando Lugo, cuando se arrogó atribuciones que le correspondían al Poder Judicial y al Tribunal Superior de Justicia Electoral. La gravedad del hecho no consiste en no haberle dejado jurar a Nicanor Duarte o eventualmente a Cartes, sino en haber minado con su actuación los cimientos democráticos de la República, introduciendo un caos en la relación de poderes del Estado.

En el plano legal, Rodolfo Friedmann y Mirta Gusinky no son senadores. La decisión política, pero antijurídica, posibilitó que fueran impuestos sin que hayan sido electos ni proclamados por el TSJE. Por lo tanto, es de primordial importancia -para salvaguardar la poca credibilidad del Congreso- que el máximo organismo electoral se pronuncie si las decisiones de los mencionados senadores serían legales o no.

El silencio ante este hecho no es una opción para el TSJE. Por un lado, puede revestir de legalidad lo consumado por el senador Lugo o de lo contrario, desempolvar la Constitución Nacional y pronunciarse conforme a la misma. En caso de persistir esta situación, equivalente a una aceptación tácita de lo actuado (desacato de varias resoluciones judiciales y desprecio a la voluntad del pueblo), las resoluciones que tomen los 43 senadores más 2 “falsos” podrán ser pasibles de acciones de ilegalidad por parte de cualquier persona.

Lo sucedido es gravísimo y sus consecuencias no están siendo dimensionadas en su justa medida. Un país donde el Estado de derecho fue arrojado al inodoro, donde las sentencias judiciales carecen de valor, el pueblo llano queda en una situación de total indefensión y además, se pierde todo atractivo para inversores internacionales. La anulación de la legalidad por un criterio político inaugura una tierra sin ley.

De seguir en este estado las cosas, el estafado será el pueblo, porque éste, ejerciendo su derecho al sufragio, eligió a dos personas que corrieron además los caminos legales, para luego ser sustituidos por otros, que además de ser ilegales, ahora se avivaron y se creen con derecho de ocupar dichas bancas en el Senado.

Esta situación en definitiva es insostenible y no halla justificación en ningún argumento, aunque sea el más sesudo; y está en juego la institucionalidad y el respeto a los poderes del Estado. Se produjo un quiebre en el equilibrio que debe necesariamente existir entre los genuinos poderes que deben regirse por los máximos preceptos constitucionales.

Por eso, es apropiado insistir en que el Tribunal Superior de Justicia Electoral debe resolver este impase provocado por un capricho político, de lo contrario el caos se ceñirá sobre las instituciones de nuestro país en los próximos 5 años de gobierno. Dos personas usurparon el cargo de senadores sin haber sido electos ni proclamados.

Sobre este acto ilegal debe pronunciarse el TSJE, porque se está cometiendo un atropello contra el país, su institucionalidad y contra principios fundamentales que hacen que el Paraguay tenga un sistema democrático.

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