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La agresión de los adherentes de Ulises Quintana a la fiscala Lorena Ledesma y dos colegas suyas, injustificable desde todo punto de vista, no es, sin embargo, fruto del “fervor” momentáneo, ese que suele inspirar a las turbas a cometer actos descontrolados, sino de la rabia y la impotencia al ver frente suyo a la persona que les había pinchado el globo y dejado fuera de competencia a su líder.
Porque lo que hizo la fiscala Ledesma, sin pretenderlo posiblemente, fue evitar que el diputado, preso en Viñas Cué, tuviera alguna posibilidad de convertirse en intendente de Ciudad del Este el próximo 5 de mayo y eso es algo que ningún adherente suyo se lo va a perdonar.
Recapitulemos. Quintana se inscribió como precandidato colorado a las internas de marzo, haciendo uso de su derecho constitucional que le garantiza la presunción de inocencia. Esto, aunque correcto técnicamente, plantea un problema real: un imputado mantiene sus derechos políticos intactos, pero cuando guarda prisión preventiva se agregan algunas dificultades; en primer lugar, cómo va a poder ser elegido si no puede elegir, ya que, al estar en la cárcel, no participará de las elecciones.
Además, y esto es lo más grave, al estar preso, si bien puede competir, no podrá asumir el cargo en el supuesto y peregrino caso de que ganara las elecciones. Y aquí está el quid de la cuestión. Toda la estrategia de Quintana y su equipo de defensores estaba centrada en que, antes de las internas del 24 de marzo, él recuperara su libertad.
Aducían a su favor que el proceso de investigación terminaría el 4 de marzo, y con ello, decían, Quintana recuperaría su libertad, obtendría medidas sustitutivas y podría hacer campaña y participar en las internas sin ningún tipo de inconveniente. El anuncio de su precandidatura, la inscripción ante el TEP colorado y la campaña que inició desde el penal, estaban centrados en esta posibilidad.
Pero la fiscala Ledesma les pinchó el globo. Porque pidió –y obtuvo- la prórroga por 6 meses para las investigaciones, y con eso toda posibilidad de que Ulises tuviera alguna chance en las internas, y mucho menos, en las nacionales, quedó eliminada. Más allá de sus adherentes, esos que agredieron a las representantes del Ministerio Público con rabia y violencia, nadie que tenga un mínimo de sentido común va a votar a un tipo que, en el caso de ganar, no podrá asumir en el cargo y a la larga será destituido para que todo volviera a empezar.
Y aunque ahora, los estrategas de su campaña intentan mantener la mística y el entusiasmo de los seguidores, lo cierto es que resulta impensable que alguna de las tres instancias judiciales favorezca los reclamos de la defensa y le otorguen medidas sustitutivas, sacándolo de la cárcel. Ya lo rechazaron el juzgado de primera instancia, un tribunal de apelación y la Corte Suprema de Justicia, así que Quintana seguirá preso en Viñas Cué mientras dure el proceso que lo investiga por hechos punibles que tienen una expectativa de cárcel de más de 5 años, como el enriquecimiento ilícito, la complicidad en el tráfico de drogas y el lavado de dinero.
Aunque insiste en que es inocente de todos los cargos, era obvio que Quintana pretendía utilizar su candidatura a la intendencia de Ciudad del Este, mostrándose como un perseguido político, como forma de presión a la Justicia a fin de obtener su libertad bajo palabra. Pero, como todo lo que le ha ocurrido desde el año pasado, le volvió a salir el tiro por la culata, y quedó fuera.