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ASUNCIÓN. La necesidad tiene cara de hereje y la mejor prueba de esto es el diputado abdista Ulises Quintana, imputado por la Fiscalía por complicidad en el tráfico de drogas y enriquecimiento ilícito, cuya cabeza pende de un hilo en la cámara, ante el riesgo de que, en cualquier momento, la oposición obtenga los votos necesarios para sacarle su investidura.

Esta situación lo acaba de convertir en un constitucionalista, y muy ligeramente sostuvo que una pérdida de investidura se debe decidir por mayoría absoluta de votos, porque “una mayoría simple no tiene la representatividad para remover de un cargo tan importante a una persona que fue electa por el pueblo y que goza de la confianza popular”.

Su interpretación es tan sesgada que asusta. En primer lugar, parece ignorar que la ley que reglamenta la pérdida de investidura fue vetada dos veces por el Ejecutivo, justamente porque establecía la mayoría absoluta cuando que, de acuerdo a la Constitución, solo puede ser simple. Así que mientras se persista en la intención de establecer la mayoría calificada, la norma seguirá siendo objetada, salvo que se realice una Constituyente y se modifique el texto de la Carta Magna.

Además, Quintana dice que la pérdida de investidura es “solo” por tráfico de influencias y que él jamás hizo tal cosa. Sin embargo, el artículo 201 de la Constitución habla de delitos previstos en la legislación “y” tráfico de influencias, porque en el momento de su redacción, este no era aún delito.

A Quintana se suman Carlos Portillo y Tomás Rivas, cuyas pérdidas de investidura fueron solicitadas por sus colegas de la oposición.