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En democracia, las protestas son normales y hasta si se quiere necesarias, cuando las circunstancias así lo ameritan. Es legítimo que los universitarios quieran sacarse de encima a una rosca corrupta que maneja los hilos de la Universidad Nacional desde hace años, como también lo es el reclamo de una mejor educación que formulan los secundarios. Las formas en que se manifiestan unos y otros a veces colisionan con derechos de terceros, como el caso de la docente María Lucía Rivas, a punto de perder una beca a España por no poder legalizar documentos en el Rectorado, dado que está “tomado” por los estudiantes. O bien pueden hacerlo de muy mala manera, como los desubicados que arrojaron botellas de agua a un secretario de Estado. Pero las demandas, en sí, son legítimas. Pues bien, ese no es el caso de la “marcha campesina” de la fecha, que no tiene razón de ser y obedece exclusivamente a la inocultable intención de sus “lideres” de crear zozobra.
Hace apenas 5 meses, la Coordinadora Intersectorial Campesina, encabezada por Elvio Benítez y Luis Aguayo, entre otros, mantuvo en vilo a los asuncenos por espacio de 30 días, cerrando el tránsito y amenazando con “garrotes” a motociclistas y automovilistas que cuestionaban el método. Pero entonces accedieron a integrar una mesa de negociaciones en las que plantearon una serie de demandas, que fueron respondidas por el gobierno de manera altamente conveniente a los intereses de los pequeños productores, que no eran sujetos de crédito por las deudas que tenían con instituciones financieras del Estado y bancos privados de plaza.
¿Y qué pasó de entonces a ésta parte?. El Ejecutivo apeló a la Ley de Rehabilitación Financiera y procedió a reestructurar la deuda de casi 20.000 labriegos, condonándoles intereses vencidos por un monto de 23.000 millones de guaraníes y refinanciándoles sus créditos a 10 años de plazo, que representan otros 38.000 millones más, con 2 años previos de gracia. De los beneficiarios de la medida, 9.200 son campesinos que no pudieron honrar sus compromisos con el Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) y otros 10.000 formaban parte de la cartera de morosos de entidades privadas, que fue adquirida por el Banco Nacional de Fomento (BNF), estimándose que para fin de año la cifra de asistidos por el Estado ascienda a más de 30.000, de acuerdo a lo expresado por Juan Carlos Baruja, Ministro de Agricultura y Ganadería.
Estos son datos que no pudieron refutar ni Benítez, ni Aguayo, quienes sin embargo pegaron el grito al cielo cuando se les “pilló” que intentaron estafar al Estado Paraguayo, al presentar más de 12.000 “monos” cuyas deudas en realidad nada tenían que ver con la producción agrícola, sino con la adquisición de electrodomésticos, motos y líneas de telefonía celular.
Además de esto, como el gobierno respondió satisfactoriamente a la reivindicación más importante de la movilización del mes de abril, los citados “líderes” comenzaron a inventar exigencias que no tienen ni pies ni cabeza. Por ejemplo, que no se reestructure sino se condone la deuda de todos los pequeños productores, que se exima de pago de intereses a los medianos productores, que el BNF habilite líneas crediticias para la producción agrícola de G. 1.500.000 por hectárea, sin intereses y a sola firma, subsidio a productores de yerba mate de G. 500 por kilo y otros delirios que llevaría a la quiebra a cualquier administración pública. Y por si eso fuera poco, agregaron al disparatado listado de consignas, la “eliminación de la Fuerza de Tarea Conjunta”, así como la libertad de los presos “políticos” de Curuguaty.
Ayer, tanto Elvio, como Aguayo, hicieron el ridículo ante colegas de la prensa que les consultaban sobre los logros que ya obtuvo el sector al que representan y la falta de fundamentos para esta nueva protesta. Pero eso a ellos no les importa. El fin que persiguen no es solucionar los problemas reales de los pequeños productores de carne y hueso, sino crear un ambiente de crispación social de la cual puedan sacar rédito político ellos, en términos personales, al igual que las agrupaciones partidarias a las que pertenecen.
Esperemos que ésta vez, a diferencia de lo acontecido hace cinco meses, el Ministerio Público vele no solo por los derechos de quienes protestan, sino también por el de “terceros”, el de los ciudadanos, que no tienen por qué sufrir las consecuencias de una manifestación desprovista de legitimidad alguna.