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Si hiciéramos un inventario de los hechos negativos que se registran en nuestro sistema judicial, posiblemente se nos escaparían muchos de ellos, por una razón muy sencilla: la rapidez con que se suceden es tal, que el siguiente hace que el anterior pase a segundo plano y – muchas veces – al olvido.
Del mismo modo, los órganos y funcionarios salpicados o involucrados en estos hechos son tan diversos, que en la evaluación comparativa, resulta muy difícil determinar cuál de ellos marcha peor. Si es la Corte Suprema, son los Tribunales de Apelación, los Jueces Inferiores, o el Ministerio Público, aunque tampoco debemos excluir al Consejo de la Magistratura, y al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
Tampoco resulta fácil la tarea de procurar identificar las causas que expliquen, por lo menos, desde el punto de vista formal, la gran cantidad de irregularidades, ilicitudes e inmoralidades que, de modo extendido y generalizado se registran cotidianamente en la Administración de Justicia.
En efecto, una visión de conjunto, una fotografía panorámica del sistema judicial actual, refleja a Ministros de Corte salpicados por graves hechos de corrupción, e inclusive delitos, en pleno ejercicio de sus funciones, sin expectativas serias que en el futuro próximo pudieran producirse destituciones.
Los protagonistas de las irregularidades, ilicitudes e inmoralidades, siguen en el ejercicio de sus cargos, gozando de todos sus privilegios, sin que se pudiera avizorar – siquiera – la imposición de castigos, aun los más leves.
Y, si el más alto Tribunal, el que ejerce la última instancia en el sistema judicial, el que cumple la función de “superintendente” de los Tribunales y Juzgados Inferiores, incurre en actos como los señalados, pierde la vergüenza, pierde también autoridad moral para exigir una conducta distinta a los demás integrantes del sistema.
La esperanza de un futuro distinto, de una administración de justicia saneada, resulta – apenas – una ilusión inalcanzable, en gran medida, gracias a un Ministerio Público que se encuentra inmerso en los mismos vicios y las mismas prácticas.
Una Fiscalía, que organiza campañas publicitarias promoviendo el autoelogio de sus responsables, repartiendo “donaciones” que no son más que el producto del chantaje y la extorsión a la que someten a indefensos ciudadanos por supuestas o pretendidas conductas ilícitas, mientras se muestran complacientes, condescendientes y hasta cómplices encubridores de los poderosos.
Para completar el cuadro, el Consejo de la Magistratura, sigue promoviendo a los amigos, compadres, correligionarios, compañeros de fiesta, amantes, integrantes de hermandades o sectas religiosas, quedando al Jurado de Enjuiciamiento la labor de proteger a los “elegidos”, y castigar a aquellos pocos que después de su nombramiento pretenden ejercer sus funciones con algún margen de independencia o atisbo de honestidad.
Si aplicáramos aquella frase bíblica: “por sus frutos los conoceréis”, para evaluar el resultado de la labor del Consejo de la Magistratura, no debiéramos detenernos en la revisión formal de los procesos aplicados en los concursos, sino en la calidad de los ternados, y sobre todo en el desempeño de los que son nombrados para ejercer funciones en el Poder Judicial y el Ministerio Público.
Si utilizáramos el mismo criterio para el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, el resultado no sería distinto, pues encontraríamos algunas “absoluciones” que resultarían inexplicables desde la perspectiva de la vigencia del derecho y los valores morales, frente a “condenas” que sugieren – nada más – que se tratan de la consecuencia lógica del castigo destinado a servir de ejemplo a aquellos que pretendan salirse del complejo entramado de intereses, amiguismo y complicidad.
En el medio de estas dos instituciones, el Ministerio Público investiga, imputa y procesa a indefensos ciudadanos, muchos de ellos – inclusive – inocentes, con la colaboración eficaz de jueces, que toleran excesos y convalidan injusticias. Porque después de todo, los Tribunales de Apelación confirmarán sus desaciertos y la Corte Suprema cerrará definitivamente el círculo que impide el acceso a la Justicia y la Tutela Judicial efectiva.
Es difícil establecer si el problema es del método, del sistema, de los órganos o de las personas, pero el resultado será siempre el mismo, condenas o absoluciones conforme la “cara del cliente”.
Joseph K., protagonista de la obra El Proceso, de Franz Kafka, vive y se multiplica en el Paraguay, todos los días, pues, hay cientos, que – como dice la novela – “…sin que éste hubiera hecho nada censurable fue detenido una buena mañana…”, mientras otros, que se enriquecen a costa de esfuerzo de la sociedad, de sus impuestos, de sus recursos, disfrutan de sus privilegios como miembros destacados de la sociedad, de la función pública, de la política, de la industria y la banca privada.
Entonces, si no se alinea y se somete pacíficamente a los caprichos de sus acusadores, si no negocia con ellos, si no acepta mansamente sus exigencias, Joseph K., podrá ser conducido a la cárcel, sin que hubiera hecho nada censurable.
En definitiva, para que podamos romper este círculo vicioso, y transformarlo en virtuoso; para que nuestro sistema judicial deje de perseguir ladrones de gallinas y ciudadanos incautos, resulta imprescindible que la sociedad entienda que urge exigir a sus gobernantes, pongan en práctica el ejemplo bíblico y comiencen a desalojar del templo a los mercaderes, a latigazos.
