Jueves , noviembre 15 2018
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¿De verdad quieren impulsar el debate?

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Lo dijimos antes y lo reiteramos ahora. Nuestra Constitución, de 25 años, debe ser revisada y perfeccionada, a los fines de corregir aspectos que se mostraron incorrectos con el paso del tiempo y mejorar otros en bien de la institucionalidad y la democracia. Dicha necesidad también fue planteada por todos los candidatos en la pasada campaña electoral y, ahora, el Ejecutivo está llamando a iniciar un debate al respecto. Hay que tomar los guantes e iniciar la discusión, pero no “a lo luque”, ni “a tambor batiente”, sino con toda la rigurosidad que exige la materia, para que el remedio no resulte peor que la enfermedad y los constituyentes, en el supuesto de que prospere una eventual reforma constitucional, no terminen dando vida a un Frankenstein.

Partamos de la base de que el gobierno pretende encarar efectivamente dicho proceso y que no es una simple cortina de humo, un recurso “marketinero” para desviar la atención de otros problemas políticos existentes, como la división que provocó en la ANR las críticas recibidas por los nombramientos en el gabinete o los casos de corrupción, por citar algunos. Pues bien, en esa hipótesis, lo que cualquier invitado al debate aguardará por parte de las nuevas autoridades es una agenda tentatoria o preliminar en torno a la cual propone llevar a cabo las deliberaciones, qué temas consideran que deberían ser objeto de análisis, si hay que abrir las puertas a una reforma total o solo parcial, etcétera, etcétera.

Así es como se organiza cualquier convocatoria seria. De lo contrario, sería como recibir la invitación para una fiesta, sin saber si esta será de disfraces, de gala, de sport elegante o una “pileteada”.

A decir verdad, los primeros pasos dados por el Ejecutivo al respecto fueron, cuanto menos, “desprolijos”. El ministro del Interior se reunió para intercambiar ideas sobre tan importante cuestión con un grupo de presidentes de seccionales, pasando por alto nada menos que a las autoridades oficiales del Partido Colorado, a su Comisión Ejecutiva y a la misma Junta de Gobierno. Y a este hecho se suma otro no menos llamativo. El titular de la cartera informó ayer que el viceministro de Asuntos Políticos, Juan Villalba, está cursando las invitaciones a partidos políticos y representantes de otros estamentos, para el primer encuentro a realizarse el próximo 4 de setiembre; es decir, una tarea de tanta trascendencia le fue asignada al secretario del secretario del Presidente, lo cual deja en entredicho la importancia que se le asigna.

Con el correr de las horas se añadieron otros elementos de confusión. La discusión no sería solo sobre reforma constitucional, sino, complementariamente, o incluso como arranque, la reforma judicial y electoral, algunos de cuyos aspectos podrían modificarse sin necesidad de introducir variaciones a la carta magna. Y, como corolario, desde el ministerio del Interior, avisaron que el Ejecutivo “no bajará una agenda de discusión”.

Es de esperar que en los próximos días se aclaren las cosas y, al menos, se sepa a ciencias ciertas qué es lo que se busca debatir, si es que en verdad se pretende eso.

De todas formas, la oportunidad es propicia para que la dirigencia nacional asuma su condición de tal y genere proyectos al servicio de la discusión, empezando por la de los partidos políticos, ausentes a la hora de generar ideas que puedan ser beneficiosas para el país, y siguiendo por la de los gremios de empresarios, obreros, campesinos; corresponde un rol de primerísimo orden en todo esto a los expertos en derecho constitucional, ignorados desde hace mucho tiempo.

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